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La tremenda corrupción policial es un tema de nunca acabar, pues nadie se atreve a tomar las medidas saneadoras que acaben con la trágica paradoja de que la delincuencia esté enraizada en el órgano que debe preservar el orden público, así como los derechos y la seguridad de las personas y de sus bienes, prevenir e investigar los delitos y ejecutar los mandatos de la autoridad competente. Es deplorable que los sucesivos comandantes de la Policía Nacional (PN) no hayan creído que ella debe empezar por prevenir la comisión de hechos punibles dentro de sus propias filas.
Algún exministro del Interior habló hace un par de años de la necesidad de “desinfectar” las fuerzas policiales, pero los agentes patógenos siguen contaminándolo, sin que muchas veces lo advierta la Dirección de Asuntos Internos, cuya misión primaria es investigar de oficio o por denuncia la actuación de policías en el ejercicio de sus funciones, cuando hubiese quejas o indicios ciertos de su conducta ilícita. Es insuficiente que intervenga solo cuando la prensa revela ciertas fechorías de grueso calibre, como las que suelen cometerse regularmente en el Departamento de Identificaciones, con la venta de cédulas de identidad, incluso a narcotraficantes como en su momento el buscado argentino Ibar Pérez Corradi, quien gozaba tranquilamente de protección policial –de la propia Interpol Paraguay– en Ciudad del Este, a cambio de la jugosa suma de cien mil dólares, según publicaciones de la época.
Es necesario que el control interno preste mucha mayor atención a lo que se cuece en las dependencias policiales, que haga un monitoreo continuo para detectar al menos las transgresiones graves; si hiciera falta, debería haber una oficina dedicada exclusivamente a esa labor imprescindible, sin esperar denuncias ni publicaciones periodísticas.
No sorprende, pues, que la Dirección referida haya ignorado que en el escándalo de la “clonación” de documentos de vehículos han venido participando agentes del Departamento de Control de Automotores, entre ellos los asignados a la oficina regional de Coronel Oviedo. Según denuncia de una de las presuntas víctimas, el supuesto estafador Augusto David Haseitel Almirón, con negros antecedentes, pero que estaría bien relacionado en las altas esferas policiales, le habría vendido una camioneta con su correspondiente documentación “clonada”. Una semana después fue interceptado por efectivos de la citada oficina regional, que llamativamente “constataron” la documentación falsificada, y le vendieron una “constancia de verificación” del vehículo para circular libremente. En consecuencia, el negocio consistiría en que Haseitel Almirón “clona” los documentos, y efectivos policiales proveen a las víctimas –a buen precio, seguramente– de la constancia “blanqueadora”, con lo que los confabulados ganan por partida doble.
El comisario principal Cristian Amarilla, jefe del citado Departamento, cerró la oficina regional de Coronel Oviedo, cuyos nueve agentes fueron trasladados a la jefatura central, por tiempo indefinido, para una reasignación de funciones. El problema en estos casos suele consistir en que el máximo castigo para los agentes involucrados en graves irregularidades es el traslado, con lo que los involucrados van a sus nuevos puestos con sus mismos repudiables vicios y, probablemente, con el dinero recaudado ilícitamente. Es por eso que las ilicitudes no terminan en las esferas policiales, sino, al parecer, se multiplican. Se informa que la Dirección de Asuntos Internos y el Ministerio Público habrían iniciado sendas investigaciones, siendo de esperar que no todo acabe con la simple reasignación de los involucrados a otras unidades policiales. Los responsables deben ser juzgados y condenados, como cualquier persona que delinque.
Casos de iguales características se habrían registrado en Amambay, en el Alto Paraná y en la zona de Capiatá, estando implicadas, por de pronto, nada menos que “media docena” de reparticiones policiales, de acuerdo a denuncias de particulares. Habrá que ampliar, pues, las pesquisas para desmantelar una trama de tal envergadura, que no se arma de un día para otro. Es de suponer que la alianza delictiva público-privada en cuestión sea de larga data, sin que el control interno, cabe insistir, la haya descubierto oportunamente.
El subcomandante de la Policía Nacional, comisario Baldomero Jorgge, dijo que el equipo de Investigaciones de Caaguazú, el comandante y sus subordinados fueron trasladados a Curuguaty, contra la directiva del comando institucional de que estuvieran a disposición de la Dirección de Desarmaderos de Automotores, del que depende el Departamento de Control de Automotores. No es un buen síntoma, pues si alguno de ellos estuviera involucrado en el reciente sonado caso, no se estaría haciendo otra cosa que expandir el territorio para los “polibandis.” A este paso, poca esperanza habrá de combatir la delincuencia uniformada.