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Los angustiados contadores denunciaron el colapso del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu, actualizado en 2016 durante la gestión de la entonces viceministra Marta González, en virtud de un contrato por valor de más de 20.000 millones de guaraníes, adjudicado directamente al Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT), aunque carecía de técnicos en informática. Por este motivo, encargó la ejecución total del contrato a la firma panameña Ideati SA, pese a que el Decreto N° 21909/03 prohíbe que las prestaciones parciales subcontratadas excedan el 60% de las prestaciones derivadas del contrato original. La difusión de ciertos detalles curiosos del emprendimiento y la crítica racional y fundada al procedimiento de contratación por vía de la excepción que benefició al CIAT, le costó a este diario un proceso judicial que estuvo a cargo del juez Wilfrido Peralta, quien dictó un fallo injusto y execrable y en el que se permitió afirmar que “Marangatu 2″ estaba funcionando bien. Días después de esta aseveración y de emitir el avieso pronunciamiento judicial contra la libertad de prensa, el magistrado renunció para acogerse a la jubilación.
Pues bien, testimonios recientes revelan que, aparte del procedimiento contractual, tampoco el trabajo realizado ha sido en modo alguno impecable: las fallas del sistema que aparecieron a inicios del año persistían hasta ayer, según denunciaron contadores, vísperas del 7 de marzo, fecha en que vence el plazo para la entrega de las declaraciones juradas relativas a los impuestos a la renta personal, al valor agregado y a la renta empresarial. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) no respondió oficialmente el pedido de que se posterguen los vencimientos y se suspendan las multas por el incumplimiento de las obligaciones tributarias, no imputable a los contribuyentes, sino a la irresponsable entidad recaudadora; se limitó a prorrogar “excepcionalmente” hasta el 30 de junio, el plazo para presentar el registro de comprobantes y a informar, el 1 de marzo, que su equipo operativo y tecnológico estaba tratando de asegurar la provisión de todos los servicios para los contribuyentes. Como el inconveniente comenzó a principios de año, tuvieron que pasar, pues, casi dos meses para que se pongan a trabajar en beneficio propio, en la medida que también la SET será beneficiada por el correcto funcionamiento de “Marangatu 2″. Ayer, el director de Tecnología de la SET, Luis Corvalán, informó que ya no había fallas tras los “ajustes” del último domingo, siendo desmentido por afectados.
Si la incertidumbre de los contadores es inquietante, también lo es –y mucho– que la administración tributaria siga sin contar con un sistema de gestión informática confiable. Es tan básico que el funcionamiento estatal depende, en primer lugar, de que perciba oportunamente el dinero de los sujetos obligados, por lo que debería resultar ocioso ocuparse de esta cuestión. El punto es que los contribuyentes son sancionados cuando se demoran en el pago de un impuesto, pero no ocurre lo mismo cuando los burócratas son tan negligentes como en el caso comentado. El Estado maltrata a los contribuyentes destinando el 68% de la recaudación tributaria a los “servicios personales” e incluso, como se ve, tolerando trabas de hecho para que paguen sus impuestos, sin dar mayores explicaciones. Los malpensados hasta podrían decir que los inconvenientes son provocados para luego imponer multas a los infractores de los plazos. Si es alto el costo de la corrupción y del prebendarismo, también lo es el de la simple y llana inutilidad. La actualización del Sistema de Gestión Tributaria tuvo un deplorable inicio y sigue causando serios problemas, de modo que convendría saber si la SET y el CIAT verificaron que la firma panameña irregularmente subcontratada haya atendido todas las especificaciones técnicas.
Por de pronto, la administración tributaria tendrá que cargar con el fiasco y hacer que los responsables asuman las consecuencias administrativas y eventualmente penales. Mantener en zozobra a los contribuyentes y encima mentirles, según se dijo, no habla bien de la institución responsable. Si “Marangatu” significa en guaraní bueno, justo, santo, virtuoso, moral, se puede afirmar que el sistema no está haciendo honor a su alto nombre: le queda muy, pero muy grande, tanto que hasta parece una tomadura de pelo. En este caso, más bien es la muestra de un Estado obeso y obsoleto.