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Con los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo, Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez el gasto de la administración central pasó de 10 billones a 60 billones de guaraníes, lo que, ya descontada la inflación de 178% de todo el período, significa una duplicación en términos reales, vale decir, como si hoy tuviéramos no uno, sino dos Estados paraguayos en comparación con el de hace tan solo veinte años. La pregunta es ¿ello ha significado una mejoría equivalente en la contraprestación de servicios estatales a la ciudadanía? La sensación es que, salvo algunos aspectos aislados, con suerte todo sigue igual y, en muchos sentidos, peor. La razón es que no solo se han mantenido, sino que se han profundizado la repartija y el despilfarro del dinero aportado por los contribuyentes.
El Observatorio del Gasto Público del instituto privado Desarrollo en Democracia (Dende) acaba de lanzar un estudio que lo confirma plenamente. A partir de datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el informe realiza un análisis de la evolución de la ejecución presupuestaria por quinquenio en las últimas dos décadas, desde 2003 hasta la prevista en el Presupuesto 2023, y su conclusión general es que el patrón ha sido una “combinación explosiva” de alto y creciente porcentaje de gasto rígido corriente, por un lado, con bajo y decreciente porcentaje de inversión, por el otro, habida cuenta de que el 74% de los fondos presupuestarios (y el 90% de los ingresos ordinarios, agregamos nosotros) están destinados a servicios personales, principalmente salarios, a transferencias y al costo de la deuda pública, por lo que resta muy poco margen para todo lo demás.
En otras palabras, la asignación de recursos se ha dirigido a aumentar la burocracia y el aparato estatales, en gran medida con fines prebendarios y clientelistas, y a subsidiar a grupos de presión y a sectores minoritarios, todo ello en un ambiente de alta corrupción, con planillerismo directo o soterrado en la mayoría de los entes, desvíos y sobrefacturaciones por doquier, antes que a responder a las verdaderas prioridades y necesidades de la gente y a satisfacer los requerimientos del desarrollo nacional.
Como estimación (los cálculos son nuestros), en los últimos veinte años, solo la administración central del Estado paraguayo ha gastado ¡650 billones de guaraníes!, eso sin considerar los entes descentralizados y autárquicos, las empresas públicas, las gobernaciones y municipalidades, aunque casi todos ellos se financian también con dinero del Gobierno central o fondos de las binacionales y, como regla, también gastan la mayor parte en salarios y corruptela. Tomando un promedio del tipo de cambio por quinquenio, ello equivale a la estratosférica cifra de 113.000 millones de dólares.
De ese monto, el 35% se ha destinado a “servicios personales”, que son básicamente salarios y remuneraciones extraordinarias a funcionarios públicos permanentes y contratados. Estamos hablando nada menos que de 40.000 millones de dólares. En comparación, todo lo ejecutado en el mismo lapso en inversiones físicas, sea infraestructura, viviendas, hospitales, escuelas, asciende a poco más de un tercio de esa suma, alrededor de 15.000 millones de dólares en dos decenios.
Otro “grifo” incontenible de gastos rígidos por donde se esfuma sin retorno el dinero público es el famoso “rubro 800″, de transferencias, donde entran los traspasos a los deficitarios entes descentralizados y empresas públicas, los fondos para solventar los saldos rojos de las jubilaciones y pensiones del sector público y de los miembros del Poder Legislativo, los aportes estatales a los partidos políticos, a las ONG, y todo tipo de subvenciones y subsidios, por lo general mal focalizados y con deficiente o nula evaluación de impacto, por lo cual no llegan en realidad a los sectores más vulnerables de la sociedad. En dos décadas, el rubro 800 se “comió” 30.500 millones de dólares de los contribuyentes.
Párrafo aparte para la deuda pública. En 2003 Paraguay salía de un virtual default después de la crisis financiera, económica y política desde la segunda mitad de los años noventa, calificado por las evaluadoras de riesgo como en “cesación selectiva de pagos”. Se tenía que destinar el 27% de todo el Presupuesto únicamente a cubrir los vencimientos. Eso se logró revertir. Para 2013, ya solo el 5% iba a ese fin. Sin embargo, a partir de ahí, en coincidencia con el ingreso de Paraguay al mercado internacional de bonos soberanos, la curva volvió a dispararse, el endeudamiento pasó del 10 al 35% del PIB en solo una década y el servicio de la deuda hoy ya vuelve a consumir el 12% del gasto de la administración central con tendencia ascendente.
Si en veinte años se hubiesen utilizado correcta y honestamente esos 113.000 millones de dólares, hoy sin duda Paraguay estaría, cuando menos, en las puertas del desarrollo. Quienes gobernaron, quienes recibieron el mandato de administrar el Estado, quienes conformaron las mayorías en el Congreso, son los responsables de que no sea así. Usted, lectora, lector, los conoce perfectamente.