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Mañana se trata en el Senado el veto total del Poder Ejecutivo a la ley “que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica a los extrabajadores, constructores de la usina, montaje y puesta en servicio de las unidades generadoras de Itaipú, contratados directos de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y educación de la margen derecha”.
La descabellada ley tiene el exorbitante costo de 940 millones de dólares, monto superior a todo lo que percibe el país anualmente por royalties y compensaciones derivados de Itaipú y equivale al 70% de los presupuestos combinados de salud y educación, para una lista de 16.000 supuestos beneficiarios que, en el mejor de los casos, no hacen más del 2% de la población. Habría que ser muy ingenuo para no adivinar que hay toda una rosca de intermediarios, “facilitadores” y traficantes de influencias que se están relamiendo por alzarse con multimillonarias tajadas.
El proyecto fue presentado por los senadores Enrique Riera (ANR, cartista), Gilberto Apuril (ex-Hagamos), Abel González (PLRA) y Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu), y el solo hecho de que una mayoría parlamentaria lo haya aprobado otorga a la ciudadanía el derecho a sospechar que hubo mucho dinero y promesas bajo la mesa para que así sea. De otro modo no se puede entender que una iniciativa tan insólita haya sido sancionada por ambas cámaras del Congreso.
Lo primero que hay que decir es que, en lo que se refiere al objeto de la ley, esas personas nunca estuvieron en relación de dependencia con el Estado paraguayo ni directamente con Itaipú. La pretendida “compensación histórica” es por relaciones laborales de 20 a 50 años atrás, de empleados de empresas privadas que como regla tuvieron un nivel de remuneración y beneficios muy por encima del resto de los trabajadores del país y que ahora, décadas después, buscan forzar una ley especial en contra de la Constitución, en contra de un tratado internacional, en contra del Código del Trabajo, en contra de un fallo de la Corte Suprema de Justicia y en contra del sentido común y del bien general.
Cualquier reclamo que pudieran haber tenido esos trabajadores debieron presentarlo por los canales adecuados antes de la prescripción de las acciones pertinentes, pero, en todo caso, tendrían que hacerlo a sus expatrones, compañías como Conempa, Ecomipa, CIE, Electroconsul y tantas otras que prestaron servicios a Itaipú y que encima gozaron del tristemente célebre “factor K”, fórmula que institucionalizó la sobrefacturación en Itaipú y fue la fuente de grandes fortunas en Paraguay.
Uno de los argumentos esgrimidos es que “en Brasil se pagó” y, por tanto, corresponde una reciprocidad. Los parlamentarios que votaron a favor de esta ley lo hicieron a sabiendas de que ello es absolutamente falso. Itaipú aclaró mediante un comunicado emitido ya en junio de 2022, previamente a la aprobación de la ley, que en la margen izquierda (Brasil) nunca se pagaron indemnizaciones a extrabajadores de contratistas y subcontratistas, locadores o sublocadores de servicios. Sí hubo un pago a trabajadores directos de Itaipú en concepto de adicional de peligrosidad por riesgo eléctrico como resultado de una sentencia judicial, por acción presentada en tiempo y forma ante la justicia brasileña.
Pero aun si en Brasil se hubiesen realizado pagos indebidos a terceros con fondos de Itaipú, lo que debían hacer en ese caso los parlamentarios es exigir una investigación por lesión de confianza contra el patrimonio condómino de la entidad binacional, y de ninguna manera “equiparar” la misma defraudación del lado paraguayo.
Otro inaudito argumento utilizado es que “no es dinero del Estado”, como si eso pudiera justificar la repartija de fondos de Itaipú, o de quien sea, entre particulares. Pero, aparte de ello, ese dinero es de todos los paraguayos. Sostener lo contrario lleva implícita la típica actitud vendepatria que ha predominado en gran parte de la clase política en relación con Itaipú, como si la hidroeléctrica fuera una empresa básicamente brasileña y Paraguay un convidado de piedra. Itaipú es el producto del aprovechamiento de un recurso natural indivisible, que es el potencial energético del río Paraná. Todo lo que es y lo que genera la central es paraguayo en un 50% y, por lo tanto, todos sus ingresos y egresos les competen al Paraguay y al Brasil en partes iguales.
Se necesitan dos tercios de los votos para rechazar el veto y ratificar la ley. Es de esperar que la misma sea definitivamente archivada, aunque no se puede subestimar la desmedida codicia de ciertos personajes y grupos, que no querrán renunciar a semejante botín. Los históricos despojos que ha sufrido el Paraguay en Itaipú ya son suficientemente lesivos e indignantes. El que los propios paraguayos pretendan seguir medrando a costa del patrimonio nacional es una tremenda bofetada a la Patria, que merece el mayor de los repudios.