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El 20 de mayo de 2014, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que obliga también a las entidades binacionales a difundir, a través de portales electrónicos en internet, datos sobre sus recursos administrativos y humanos, entre los que figuran la nómina de los funcionarios y contratados, sus respectivos años de ingreso, las remuneraciones de cada cargo y los montos asignados para viáticos. Así lo han venido haciendo cada mes, pese a que el 18 de julio de ese mismo año promovieron contra dicha normativa sendas acciones de inconstitucionalidad, a las que la Sala competente de la Corte Suprema de Justicia dio trámite, sin suspender sus efectos como medida cautelar.
Desde mayo de este año, sin embargo, Itaipú Binacional está incumpliendo la ley vigente, presumiblemente para ocultar que estaría incorporando numerosos contratados y aprendices, de cara a los próximos comicios internos y generales. Su director paraguayo, Manuel María Cáceres, aduce que la información debida “se está actualizando”, algo que debería hacerse de continuo, cada día si fuera necesario: la ley dice que los datos deben ser actualizados en forma mensual, hasta quince días hábiles del mes inmediatamente posterior. La ilegal y demorada “actualización” sería de enorme magnitud, pues ya han pasado más de cinco meses y siguen siendo afectados el derecho de las personas a informarse y la transparencia en la gestión pública. Por de pronto, el director Cáceres ya debe ser castigado con una multa equivalente a 180 jornales mínimo, como manda la normativa, pero en esta materia la ley es letra muerta.
El motivo alegado es tan inverosímil que cabe presumir que la entidad binacional tiene mucho que ocultar, como ya lo tuvo en junio de 2021, cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) –responsable del control permanente del cumplimiento de la ley– constató que “la información de actualización mensual en su sitio web no se encuentra publicada”. Un mes más tarde y haciendo lugar a una acción de amparo, el juez José Guillermo Trovato ordenó a Itaipú Binacional que entregue a la Sociedad de Comunicadores del Paraguay datos de las actas de su Consejo de Administración; la decisión fue revocada por las camaristas Valentina Núñez, Antonia López y Stella Marys Zárate, porque conceder la información solicitada supondría el asentimiento del Brasil, aunque solo se haya querido conocer la posición sostenida por los consejeros paraguayos –no por los brasileños– en las sesiones realizadas desde el 15 de agosto de 2018.
Es de agradecer que esta vez no se haya invocado un disparate similar para que la ciudadanía ignore los gastos de personal de la entidad, pero no así que se recurra a un burdo pretexto para encubrir una práctica repudiable, presuntamente ligada a la compra de votos con dinero público. De hecho, Itaipú Binacional está llena de operadores políticos –muy bien remunerados– que intervienen decisivamente en los eventos electorales, incluidos los de carácter interno. Puede entenderse que si hoy pretende disimular el feroz clientelismo con el silencio informático es porque su director y los consejeros sienten vergüenza, pero que no pretendan tomar del pelo a la ciudadanía. Ya es hora de que la SFP, dependiente de la Presidencia de la República, vuelva a pronunciarse al respecto, sin perjuicio de que lo mismo haga el presidente Mario Abdo Benítez, dado que se trata de un asunto bastante serio, que no debería cohonestar con su mutismo.
Una entidad binacional no es un coto cerrado que goza de extraterritorialidad para violar el ordenamiento jurídico y a la vez burlarse del pueblo, que tiene el derecho a saber todo cuanto una ley o un tratado no hayan calificado expresamente de información reservada. “Las fuentes públicas de información son libres para todos” y el acceso a ellas no puede ser bloqueado en modo alguno. Siendo así, el “apagón” dispuesto por Itaipú Binacional atenta contra un derecho constitucional que debe ser defendido, en nombre de la libertad, para que también la ciudadanía toda vele por el correcto empleo de los fondos públicos.
La entidad referida afirma en su portal de internet que, desde 2014, el acceso a la información se ha convertido en “una política de transparencia permanente en el lado paraguayo”: una mentira evidente, que de nuevo ha salido a la luz con el mayor de los descaros.