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El jefe de la misión técnica refirió que el Gobierno ha “trabajado” sobre una serie de propuestas hechas en 2020 por el FMI, con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): ellas podrían resumirse en la tan mentada reforma del Estado, para reducir la fragmentación institucional y mejorar la coordinación y el control. Empero, apunta que “los avances hacia su implementación han sido lentos e insuficientes, incluso en la discusión de proyectos de legislación enviados al Parlamento”, algo que no debería sorprender dados los atributos morales e intelectuales del común de los legisladores, así como los cuestionamientos que suelen realizarse al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, el “significativamente corrupto” a quien el primer mandatario encomendó promover la reforma. En un acto solemne realizado el 20 de mayo de 2020, presentó un anteproyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil a la Comisión Bicameral de Reordenamiento del Estado; un año después, el Poder Ejecutivo entregó un proyecto de ley sobre suministros y compras públicas: ambas iniciativas siguen acumulando polvo.
El Poder Ejecutivo hizo bien en vetar totalmente un proyecto de ley que otorgaba un aumento salarial a 804 actuarios judiciales, lo que habría implicado un gasto adicional de 9.652 millones de guaraníes anuales; lo mismo hizo –esta vez inútilmente– con respecto a una ampliación presupuestaria de 11.101 millones de guaraníes para la Contraloría General de la República, el 95% de los cuales corresponderán a remuneraciones extraordinarias, bonificaciones y contrataciones de personal. Por de pronto, el Senado rechazó el veto parcial a un proyecto de ley que amplía en 20.355 millones de guaraníes, en total, el Presupuesto de las Cámaras del Congreso. La suma, que incluye una donación china (Taiwán) que corresponde al 2%, será destinada a la equiparación de sueldos de 240 funcionarios y a la creación de trece cargos. Está visto que los parlamentarios buscan congraciarse con el funcionariado a costa del contribuyente y del equilibrio fiscal. Desde luego, era previsible que le concedieran beneficios, en la creencia de que jugará un rol importante en los próximos comicios.
El jefe de la misión técnica del FMI alertó acerca de las nocivas consecuencias para el fisco de los aumentos salariales, coincidentes con los subsidios y el menor crecimiento económico. También señaló que el porcentaje del gasto público paraguayo en “servicios personales” es el mayor de Latinoamérica: en el primer semestre de este año, absorbió el 74% de los ingresos tributarios y hasta fin de año supondrán, por de pronto, al menos 1,7 billones de guaraníes (247 millones de dólares) más que el año pasado. Con toda evidencia, resta muy poco para inversiones en obras de infraestructura vial, educativa o sanitaria. Resulta que la ávida clientela política conforma un fuerte grupo de presión, instalado en nada menos que 474 instituciones públicas de diverso tipo, circunstancia esta que provoca la “fragmentación de las principales funciones de gobierno” y la necesidad resultante de “mejorar la coordinación, la supervisión y el control”, al decir de Mauricio Villafuerte.
Además del afán de alimentar a los amigos, parientes y correligionarios con el dinero de todos, forma parte de nuestra cultura político-administrativa la creencia de que un interés público –real o ficticio– queda satisfecho de inmediato con la invención de un organismo. También es propia de ella el escaso apego a la ley: la de Contrataciones Públicas no impide las licitaciones amañadas, y la de la Función Pública es violada por doquier con las irregularidades en cuanto a nombramientos y a contrataciones de personas físicas, entre otras cosas. Vale recordarlo porque, aunque se sancionen nuevas leyes, la tan mentada reforma del Estado será una quimera mientras no se tenga la voluntad cierta de cumplir y hacer cumplir las normativas que la sustentan. No se trata de dar el gusto al FMI o al BID, sino de montar un aparato estatal eficiente y económico, cuyos recursos humanos y materiales atiendan las necesidades de la población y no las de los politicastros de turno y sus respectivas clientelas.