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Pese a que, en nuestro país, el cáncer es la primera causa de fallecimientos de menores de 70 años y la segunda en términos poblacionales, tras las enfermedades cardiovasculares, la burocracia sanitaria nada hace para subsanar la crónica falta de insumos y de remedios oncológicos de muy alto costo, denunciada con gran insistencia sobre todo desde marzo de este año. A tanto llega la desidia, de fatales consecuencias, que el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) ni siquiera tendría todos los fármacos del listado básico, mientras que los disponibles son insuficientes para atender tan siquiera a sus propios pacientes. Siendo el único nosocomio especializado en el tratamiento de esa enfermedad, debería poder asistir a los pacientes en todo el Paraguay, incluyendo a los del Hospital de Clínicas y a los del Instituto de Previsión Social, también carentes de los equipos y de los medicamentos necesarios para un tratamiento, aunque solo sea paliativo.
El suplicio que conlleva tanto abandono se refleja en el testimonio del hermano de una persona atendida en el hospital referido: “Hay gente que llega apenas con su pasaje, que no tiene cómo comprar los medicamentos que no hay y que tienen precios muy elevados”, razón por la cual no son pocos los que van a comprarlos –a mucho menor precio– a la Argentina o al Brasil. También es lamentable que, debido a la culposa negligencia estatal, haya que plantear una acción de amparo contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) o apelar a rifas o “polladas” de solidaridad: la compasión es loable, pero no basta para borrar los efectos de la ineptitud sanitaria.
En marzo de este año, el doctor Derlis León, director de Insumos Estratégicos del MSPBS, dijo que la licitación pública y la compra de medicamentos e insumos oncológicos fueron descentralizadas, estando a cargo del Incan, cuyas propias carencias son evidentes: ni siquiera cuenta con reactivos para los estudios requeridos, lo que obliga a los afectados a recurrir a laboratorios privados. Según la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del instituto no se responsabiliza de los procesos de contratación en curso ni de la falta de medicinas e insumos. Y bien, en agosto pasado, la Contraloría General de la República emitió un informe final sobre una fiscalización al MSPBS, en el que se lee que, en 2020, tenía “un presupuesto de 73.186.669.176 guaraníes para (...) Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales, en el marco del Proyecto Atención a la Población con Enfermedades Oncológicas - Incan, sin embargo, lo ejecutado al cierre del ejercicio fiscal fue de 13.446.038.984 guaraníes, representando apenas el 18%” (sic). Curiosamente, el instituto se lavó las manos a través del “descargo” del MSPBS, en el que se dice que “las obligaciones y pagos que hacen a la ejecución presupuestaria se realizarán desde la central en el año 2020″, la que sí contaría con la estructura orgánica adecuada; el instituto sería una UOC, que tiene otras competencias y depende del Ministerio. Los auditores de la Contraloría respondieron que “el MSPBS informó sobre la operatividad referente al presupuesto del Incan, sin embargo, no remitió documentos que justifiquen la baja ejecución de dicho presupuesto”. Como ocurre en numerosos casos en la administración pública de nuestro país, en cada institución hay una maraña de oficinas que solo sirven para “tirarse la pelota”, como se dice, cuando hay un problema. Así se diluyen las responsabilidades y los problemas persisten.
Ahora resulta que, según el ministro Julio Borba, el Incan ya ejecutó prácticamente todo su presupuesto de este año, lo cual plantea un par de interrogantes. La primera es qué pueden esperar los enfermos de cáncer hasta el 31 de diciembre de 2022, si no se aprueba con suma urgencia una gran ampliación o reprogramación presupuestaria. Para tranquilizarlos, el ministro informó que su cartera dispone de casi todos los fármacos requeridos para tratamientos oncológicos y que aquellos que no figuren en el “listado básico” pueden ser comprados por el Ministerio, previa resolución judicial dictada en una acción de amparo. Es decir, los pacientes se verán obligados a incursionar en otra enmarañada burocracia, la judicial, con el tiempo y los gastos que ello supone, para conseguir el fármaco que necesitan. La segunda cuestión es cómo ha sido posible que el Incan, que en 2020 solo ejecutó una muy pequeña parte de su presupuesto, en 2022 ya lo haya agotado en agosto. El ministro dijo que ordenó una auditoría para averiguar qué ocurrió hace dos años. Lo cierto es que, una vez más, quedó en evidencia la extrema inutilidad del superpoblado aparato estatal.
Entretanto, el director del Incan, Julio Rolón, llega a la desvergüenza de volcarse a una campaña electoral, teñida de rojo, en compañía de sus funcionarios y hasta de los sufridos pacientes con cáncer. Es que, en realidad, lo que más le importa es conservar el cargo, para lo cual cree más conveniente apostar al caballo ganador antes que atender los desesperados reclamos de las víctimas de su pésima gestión. Tras recordar la muerte, a inicios de agosto, de un hombre que aguardó durante cuatro meses la droga enzalutamida, cuya caja cuesta 40 millones de guaraníes, la secretaria de la asociación antes mencionada, Juana Moreno, afirmó que “el director nos miente; no sé hace cuánto tiempo que nos dice que va a haber esos medicamentos y es mentira”. Faltar a la verdad a quienes están pasando por semejante trance es propio de personas insensibles e inescrupulosas, que nada tienen que hacer en un nosocomio, más aún cuando se trata de uno financiado con el dinero de todos, al que acuden personas de bajos ingresos que no pueden solventar unos altos costos que tendrían que ser cubiertos por el Estado. Y como no encuentran lo que buscan, fallecen tras una larga agonía.
Las indignantes dilaciones del Incan en materia de provisión de medicamentos e insumos no son atribuibles a las exigencias de la Ley de Contrataciones Públicas, sino a la imprevisión flagrante en lo que hace al abastecimiento del parque sanitario. El cáncer no es una epidemia repentina que somete a la administración a un desafío inesperado, sino un mal que, siendo permanente y atendiendo las estadísticas, no debería plantear ninguna dificultad a la hora de planificar las contrataciones y las compras de remedios e insumos oncológicos. De acuerdo al director de Insumos Estratégicos del MSPBS, el Incan tiene, por ley, “un Presupuesto blindado para estas compras”; lo que no tiene, con toda evidencia, es un plantel de funcionarios capaces, comprometidos con la salud pública, suponiendo que es responsable de la ejecución presupuestaria.
En última instancia, los decesos no son atribuibles al cáncer, sino a la burocracia y al desinterés de las autoridades sanitarias: no se trata de falta de dinero, sino de indolencia imperdonable.