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Si lo que afirma Fernández fuera cierto, y todos los paraguayos y paraguayas somos responsables de las funciones administrativas que le corresponden, luego su cargo y salario están de más. O dicho de otra manera, la población entera debería reclamar parte del pago que recibe el funcionario por ejercer (?) el cargo; si todos somos culpables, todos tenemos el cargo, y todos deberíamos cobrar por hacer el trabajo –o no hacerlo, como fue su caso–.
Aduanas tiene una larga e indigesta lista de deudas con el Estado paraguayo: fuente habitual de corrupción, maletines, enriquecimientos ilícitos, blanqueo de contrabando, subfacturación y hasta evasión de cánones de exportación o importación. Flaco favor hace el director de Aduanas al sumar ahora, a toda la larga, vieja, conocida y negra lista su intento por convencer a la ciudadanía de que todos somos responsables de hacer algo por lo cual él recibe puntualmente un pago y regalías por el cargo.
Julio Fernández en realidad es parte de una cadena que ha fallado escandalosamente en los controles de salida de grandes cargamentos de droga que han sido introducidos en otros países. Los informes de inteligencia dan cuenta de que ha sido en Paraguay donde se han contaminado las cargas de carbón, cuero, madera, latas de pintura y otros insumos supuestamente exportados. Y vaya que han tenido éxito, tanto que probablemente luego del tanteo de los primeros gramos, han estado enviando miles y miles de kilos más. Cuando el Gobierno se jacta de que han hecho operativos sin precedentes como “A ULTRANZA”, en realidad olvida que las operaciones no hubieran sido necesarias si los funcionarios gubernamentales hubiesen hecho su trabajo. Es más, tenemos el derecho de sospechar que si estos operativos antidrogas fueron articulados ha sido por el empuje de agencias internacionales como la DEA de Estados Unidos, la Policía Especializada de Europa o los antidrogas uruguayos, todos partes del operativo multinacional que arrancó en febrero de este año y tocó las fibras del mismísimo poder político.
El último escándalo del avión iraní que volaba con bandera venezolana solo refuerza los flacos e insuficientes controles por parte de Aduanas. Fernández no ha aclarado esta semana si la empresa Emtrasur (Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur, que atraviesa océanos y continentes como un fantasma) estaba inscripta y habilitada para operar ante la institución que preside. Si no lo estaba, la incógnita es cómo pudieron operar un embarque de cargas de mercadería sin que nadie les molestara. Peor aún, ¿hay sumarios de investigación en Aduanas que identifiquen si fallaron los controles? Este último escándalo que sacude hoy día a varios países de Sudamérica pone especialmente a Paraguay en el centro de la controversia porque es el país donde más tiempo se quedaron los tripulantes, porque ingresaron sin ser molestados, porque se movieron sin ser controlados y porque cargaron un avión con cigarrillos y se fueron sin ser incomodados.
Cada vez que desde el Gobierno de Mario Abdo Benítez se congratulan por haber alertado a la región, olvidan selectivamente que las instituciones paraguayas fallaron en cadena en la detección y control. Claro, es encomiable que haya sido Paraguay quien alertó a otros países de la región sobre este avión. Lo que les cuesta admitir es que en nuestro propio país todos los sistemas de alarma fallaron y hasta hoy día no se sabe con total certeza qué hicieron en Paraguay. Todo indica que las instituciones de control relajaron sus verificaciones: empezando por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) que dio los permisos para el ingreso y no reportó a la Secretaría Nacional de Inteligencia la presencia ni del avión ni de los tripulantes. A esto se suma también Migraciones, que tampoco comunicó de la entrada de los iraníes; Aduanas, que no habría tenido siquiera registrada a la empresa que vino a llevar la carga; la Senad, que verificó la carga pero no el avión ni la tripulación, y hasta la Policía, que les dio custodia. El avión siguió su camino sin el más mínimo contratiempo.
Será muy difícil endurecer las luchas y tener éxito en los combates al crimen organizado con funcionarios que se niegan a reconocer sus fracasos y trasladan sus responsabilidades a la ciudadanía. El Gobierno de Mario Abdo Benítez apunta –con toda razón– al fracaso del Ministerio Público que llegó exitosamente tarde a las indagaciones del escándalo del avión iraní… pero no mira su propia responsabilidad. Instituciones que dependen del Poder Ejecutivo no detectaron lo que ocurría en sus narices, y exceptuando el cambio del administrador del aeropuerto Guaraní –quien habría sido cambiado por hablar demasiado– y el subgerente de seguridad de la Dinac, quien “olvidó” comunicar lo que ocurría, a nadie se le movió un pelo. Todos siguen tan felices en sus cargos que hasta tienen tiempo de culpar a la población por sus propios fracasos, como siempre...