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Con muy buen criterio, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó la ley que despenalizaba las modificaciones de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. El pasado viernes 27, en efecto, el Poder Ejecutivo decidió vetar la modificación de la ley: “He decidido no promulgar el proyecto de ley que busca modificar la reglamentación legal de las declaraciones juradas de los funcionarios. La declaración obligatoria de bienes y rentas es una de las herramientas para la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción”, dijo el jefe de Estado en sus redes sociales.
La Ley 5033/2013 establece, en su artículo 14, la obligación de la Contraloría General de denunciar al Ministerio Público cualquier error o omisión en una declaración jurada de un funcionario público “si surgieran indicios de que la omisión o error fuese con dolo imputable al declarante”.
Legisladores que responden al cartismo y sus aliados impulsaron una modificación, la vetada por el presidente, por la que “el funcionario declarante podrá efectuar en cualquier momento las rectificaciones que considere convenientes”, eliminando del texto lo referente a la Contraloría y su deber de denunciar.
Esto abría la posibilidad de favorecer delitos como el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito, y lo que se está publicando sobre las indagaciones de la Seprelad explica suficientemente las acciones de quienes se beneficiarían con dicho texto.
El veto presidencial devuelve el tema al Congreso, y a la Cámara de Diputados en especial, en la que el cartismo y el llanismo, que actúan como un solo partido político, tienen poco menos que la mayoría simple. Van a requerir, por imperativo de la Constitución, más que eso.
Ahí es donde conviene recordar cómo votaron los senadores en este tema, pues, lamentablemente, integrantes de las bases de sustentación del Gobierno, Fuerza Republicana/Colorado Añetete prestaron su apoyo a la repudiable iniciativa.
Esto indica claramente que entre los partidarios del Gobierno reina una más que lamentable, patética, confusión sobre los propósitos de quienes desean llevar las cosas por el camino torcido.
Si se piensa mal, esos votos favorables al proyecto vetado parecen ser el resultado de la complicidad pura y simple con las necesidades operativas del grupo impulsor.
El pueblo paraguayo tendrá la oportunidad de salirse de la duda en el momento en que estas personas voten cuando el Congreso trate el veto del presidente, pues luego de lo publicado sobre las investigaciones de la Seprelad queda clara la trama que se ha montado para usar el Estado paraguayo como cobertura de lo que aparenta ser las más grandes operaciones de lavado de dinero en la historia de nuestro país.
La despenalización de las modificaciones de las declaraciones juradas favorece a cuanto ladrón público se apodere de bienes del pueblo para convertirlos en su “propiedad privada”, lo que confirma la total falta de escrúpulos de quienes impulsan proyectos semejantes, capaz de destruir la República con tal de seguir con sus deleznables operaciones.
Todo el país debe estar vigilante sobre los legisladores, muchos de cuyos votos ya se conocen de antemano, para evitar que se sigan disfrazando de demócratas y decentes, mientras actúan como cómplices encubiertos del lavado de dinero.