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Nótese que esa cifra es solo el saldo, vale decir, ya descontados todos los pagos hechos por amortización e intereses. La deuda contraída en el período es muchísimo mayor y corresponde fundamentalmente a los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez.
En 2013, año en que asumió HC, el saldo deudor era de 4.174 millones de dólares. Cuando entregó el mando, en 2018, ya era el doble, 8.040,9 millones de dólares. En lo que va del mandato de Marito ya casi se volvió a duplicar, con otros 6.000 millones de dólares. La bola de nieve ha experimentado un incremento exponencial y no hay señales de que haya voluntad de detenerla, sino todo lo contrario, ya que las propias autoridades económicas han declarado públicamente su intención de llevarla al 40% del PIB.
En realidad la tendencia comenzó durante el breve gobierno de Federico Franco, no porque los anteriores hayan sido necesariamente más responsables, sino porque Paraguay estaba fuera del mercado internacional de deuda soberana. Con la excepción del también derrochado “crédito chino” en la década del 2000, anteriormente, por lo general, la deuda externa nacional era con organismos multilaterales, lo que requería un proceso de justificación y asignación específica para proyectos concretos con estudios de factibilidad. Todo eso comenzó a cambiar el 17 de enero de 2013.
Ese día Paraguay hizo su ingreso triunfal en la bolsa de Nueva York con la exitosa colocación de un bono de 500 millones de dólares a la conveniente tasa del 4,6%, gracias a la alta atracción que despertó la emisión entre los inversionistas (hubo 197 oferentes) por las buenas condiciones macroeconómicas del país. Lo que parecía una buena noticia terminó en el resultado que vemos hoy.
A partir de entonces, con la “tarjeta de crédito” en la mano, los responsables de la administración del Estado, con la anuencia del Poder Legislativo, comenzaron a emitir más y más deuda con bonos sin necesidad de presentar proyectos previos, simplemente para inflar el gasto público y calzar el Presupuesto por el lado de los ingresos, con amplias discrecionalidades para decidir cómo distribuir los fondos. Por citar un ejemplo, durante el gobierno de Cartes de un plumazo se le entregaron 85 millones de dólares a la Industria Nacional del Cemento para cambiar su sistema de combustión, que nunca llegó a funcionar apropiadamente.
Obviamente, algo se hizo, pero en modo alguno en una proporción mínimamente razonable en comparación con los empréstitos asumidos. Para tener una idea, solamente con el saldo a la fecha, suponiendo una buena gestión y que no hubiera corrupción (los proyectos viales cuestan en promedio siete veces más en América Latina que en Europa), con 11.000 millones de dólares más de deuda se podrían haber construido 40.000 kilómetros de carreteras, una distancia igual a la de la circunferencia de la Tierra.
La deuda actual equivale a catorce presupuestos enteros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hoy podríamos haber tenido más rutas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, más líneas de 500 kV y mejores sistemas de distribución eléctrica para aprovechar nuestros excedentes energéticos y no tener que depender tanto de combustibles importados, escuelas en condiciones, más becas para nuestros jóvenes.
Es cierto que en el medio hubo una pandemia, pero de todos los préstamos que se tomaron para enfrentar la emergencia, menos del 15% se destinó efectivamente a salud pública. Si por lo menos hoy tuviéramos un sistema sanitario de primer nivel, bien abastecido y con el mejor equipamiento moderno en funcionamiento, entonces tal vez se habría justificado.
Pero nada eso existe pese a los miles de millones de dólares que ingresaron vía deuda en la última década. Probablemente estamos ante el mayor despilfarro de la historia económica del país.