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Es un verdadero calvario, un penar sin fin, que no solo las instituciones de salud no pueden aliviar, sino que lo agravan. Esta semana, el doctor Julio Rolón, director del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) –principal centro de referencia a nivel nacional para tratar esta enfermedad– admitió que carecen de ciertos insumos y medicamentos oncológicos, y afirmó que esta carencia no se limita al hospital que dirige sino que se extiende a todo el país.
¿Cuál puede ser la explicación para que en Clorinda, a 40 kilómetros de Asunción, la capital del Paraguay, existan sofisticados medicamentos oncólogicos y aquí no?
Con certeza, esa carencia se siente también en otros hospitales públicos, como el Regional de Ciudad del Este, que cuenta con una Unidad Oncológica, donde se tratan en teoría unos seiscientos pacientes. Pero en la práctica no reciben allí el cuidado que merecen, porque no hay suficientes medicamentos.
Según la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) faltan al menos una veintena de drogas que necesitan las personas que viven con esta enfermedad. Algunas son sofisticadas y otras más básicas.
Así como están las cosas hoy, podríamos llegar a decir que no es el cáncer el que mata, sino la burocracia y el desinterés de las autoridades sanitarias por resolver las cosas.
Los efectos de la negligencia gubernamental son diversos y nocivos en diferentes niveles. El primero y más obvio, es que los tratamientos oncológicos quedan truncos. Cada día que pasa sin una sesión de quimioterapia (u otra terapia) es un descuento en la vida de alguien, o en su calidad de vida. En segundo lugar, los pacientes se ven tristemente obligados a añadir preocupaciones a su día a día, cuando todo su esfuerzo y energía podrían concentrarlos en mejorar su condición. En lugar de ser tratados y contenidos, deben invertir sus magras fuerzas y defensas físicas en contiendas que los desgastan y probablemente agravan su condición.
Por ejemplo, se deben enfrascar en luchas judiciales para conseguir que la Justicia ordene que las instituciones de salud adquieran los medicamentos. Muchas veces lo consiguen, pero son victorias pírricas, porque como bien informa la Apacfa, incluso con órdenes judiciales las drogas no llegan, o lo hacen demasiado tarde.
Para peor, ahora la negligencia criminal del Gobierno obliga a los enfermos y sus parientes a convertirse en contrabandistas o a recurrir a ellos. Esto tiene a su vez muchas aristas y una sola ventaja, cual es que en el caso de que sea inevitable que el paciente deba comprar una droga, la conseguirá sin duda a un precio inferior al que se vende en Paraguay. Pero cuando un medicamento llega de contrabando también se violan ciertas medidas de seguridad en el transporte, que pueden llegar a afectar su calidad.
Otra muestra más de la negligencia hacia los pacientes con cáncer es el hecho de que uno de los dos tomógrafos del Incan, que es utilizado anualmente por unas siete mil personas, se volvió a descomponer. Cada vez que esto ocurre decenas de estudios quedan en suspenso, y se ponen en vilo los tratamientos de los enfermos.
No siempre es cierto el adagio de que lo que no te mata te fortalece. En este caso, el Gobierno debilita, y en los peores casos, mata.