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Los chantajistas del transporte de pasajeros del área metropolitana de Asunción no han perdido el tiempo y se apresuraron a volver a las andadas mientras los golpeados consumidores y usuarios diversos recién trataban de acomodarse a las difíciles nuevas circunstancias derivadas de la grave situación internacional y de la falta de oportunas decisiones de las autoridades nacionales. Esta vez, con el propósito de forzar un aumento del subsidio que cobran ávidamente, para cuyo efecto en el pasado se ha sospechado del falseamiento de datos. Entre marzo y diciembre del año pasado, dicho subsidio aumentó de 964 a 1.422 guaraníes por el pasaje en un bus convencional, pero estos caraduras son insaciables. No tienen el menor escrúpulo en someter otra vez a los usuarios a largas esperas, impidiendo el normal ejercicio de su derecho al trabajo, entre otras cosas. No se apiadan de nadie ni temen que se les aplique la ley que cancela la licencia, el itinerario y el subsidio a las empresas del transporte público que infrinjan la ley, promulgada el 13 de agosto de 2021. Es que los antecedentes les permiten confiar en la habitual benevolencia del viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, que tiene el descaro de negar que hayan reincidido en esa odiosa práctica, atribuyéndola más bien al “tráfico saturado”, justo cuando no pocos vehículos particulares quedan en las casas debido al encarecimiento del combustible.
Dado que las reguladas suponen coaccionar al Estado utilizando a las víctimas como rehenes, se impone la intervención de oficio del Ministerio Público, pues el art. 5° de la citada ley califica de “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos” que los directivos, accionistas o representantes legales amenacen o extorsionen a órganos estatales relacionados con la prestación de sus servicios, “por cualquier medio”. El repugnante procedimiento empleado, con la evidente intención de arrancar dinero de los contribuyentes, autoriza a cualquier ciudadano a denunciarlo ante los órganos de persecución penal, así que cabe instar a las personas afectadas a que hagan uso de tal facultad, si ningún agente fiscal cumple con su deber de perseguir penalmente este hecho punible de acción pública, “inmediatamente después de la noticia de su comisión”, según manda la ley orgánica de su institución. Como la noticia ya está en todos los medios de prensa, urge que se tomen las medidas pertinentes para que estos extorsionadores consuetudinarios terminen de una vez en el banquillo de los acusados.
No basta con cancelarles la licencia, el itinerario y el subsidio: también es preciso que la Justicia penal se ocupe de ellos, para que les resulte claro que no se puede abusar impunemente del poder que supone controlar un servicio indispensable para la población. En octubre del año pasado, la Secretaría de Defensa del Consumidor aplicó una multa de 44 millones de guaraníes a 17 “empresas”, respondiendo a centenares de denuncias hechas en la prensa y en las redes sociales. Por lo visto, el escarmiento no fue suficiente, razón de más para que se recurra ahora a pena privativa de libertad de unos “señores” que están obligados a respetar las condiciones establecidas en la concesión y, por tanto, a cada uno de los usuarios que dependen de ellos para desplazarse, sin tener la posibilidad de optar por mejores prestaciones. Dado que los desalmados no compiten entre sí, ni en calidad ni en precio, sus víctimas quedan indefensas ante una acción concertada, como lo es la de reducir la circulación de buses. No se les niega el derecho de peticionar a las autoridades, pero sí el de pretender someterlas provocando el tormento de su propia clientela, a la que vejan sin compasión.
Esta última experiencia enseña que la ley antes citada les tiene sin cuidado, quizá porque saben del inmenso abismo que existe entre el país real y el legal, y de las buenas relaciones entre los empresarios del sector y los políticos, más aún a la vista de próximas elecciones. Habrá que ver si el Viceministerio de Transporte y el Ministerio Público se atreven a decepcionarles en defensa de la gente tan maltratada por estos sedicentes empresarios que, desde luego, no emplean sus buses para ir a sus oficinas: que se vean quienes no tienen más alternativa que la de valerse de ellos, para viajar hacinados tras largas esperas deliberadamente causadas, en las que estuvieron expuestos a ser asaltados en horas de la noche. Es intolerable que la calidad de vida de la población sea constantemente afectada, en gran medida, por la arbitrariedad manifiesta de estos personajes de avería, que también deben ser repudiados por los auténticos empresarios, aunque más no sea para que sus empleados puedan asistir puntualmente a sus puestos de trabajo.
No faltan normativas ni órganos para poner fin a tanto atropello, sino la firme voluntad de actuar en pro del bien común. Por eso, es imprescindible que la gente de a pie alce la voz en defensa propia, recurriendo a los medios pacíficos a su alcance para que los agresores no solo sean multados o privados de sus licencias, sino también purguen sus delitos en la cárcel. Ya es tiempo de impedir, con la ley penal en la mano, que prosigan con esta burla cruel, tan reiterada como insoportable, a fin de que los victimarios tomen nota de que no continuarán saliéndose con la suya, con toda impunidad.