Transas en la más alta esfera judicial

Los intereses económicos y sectarios de otro tipo siguen marcando la agenda en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El presidente de la máxima instancia judicial es electo entre sus pares cada año, lo que implica no solo la representación protocolar, sino el control de aspectos administrativos, presidiendo el Consejo de Administración Judicial, así como la presidencia del Consejo de Superintendencia del Poder Judicial, con atribuciones disciplinarias. En consecuencia, no se trata de un cargo menor, lo que explica el interés no solo de los mismos ministros, sino de quienes los llevaron a la CSJ.

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Precisamente uno de los temas fundamentales en la estructura del Poder Judicial es excluir a los jueces y ministros de tareas de administración, como licitaciones, compras, nombramientos de funcionarios, etc. Estos son aspectos sobre los que no tienen preparación y para lo cual no son designados, pues lo que se espera de un ministro de la CSJ es que sea custodio de la Constitución, oriente criterios dogmáticos, sea honesto y se comporte como tal.

La fortaleza institucional de la República depende en gran medida de los hombres que tienen la responsabilidad de cumplir dignamente la misión que la ley les encomienda. A contrario sensu, cuando las autoridades se conducen aprovechando indebidamente la posición que tienen para enriquecerse, traficar influencias o apropiarse de bienes públicos, no solo cometen ilícitos como cualquier delincuente, sino que debilitan la imagen de la institución en la que cumplen su tarea.

En el caso del Poder Judicial, el impacto que ocasiona la conducta delincuencial y deshonrosa de jueces, camaristas, ministros, fiscales y demás servidores es demoledor, porque desde ya la percepción ciudadana es que el sistema de Justicia es corrupto desde la puerta de entrada del edificio hasta la puerta del despacho de los ministros de la CSJ.

De ahí que lo sucedido en la última elección de la mesa directiva de la máxima institución judicial sea la imagen más distante de lo que debería ser. El ministro Manuel Ramírez Candia se retiró de la sesión denunciando luego que no se había respetado un acuerdo previo, según el cual él debería ser electo vicepresidente primero, pero que a la hora de la sesión fue votado Alberto Martínez Simón, uno de los considerados sangre nueva en la Corte.

Varias cosas pueden concluirse de este evento que pareciera de poca relevancia, pero que no lo es. En primer término: ¿cuál es el criterio que se utiliza para designar al presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es el aporte significativo que hizo Antonio Fretes en el largo tiempo que estuvo en la CSJ, para que los demás miembros incurran en una suerte de componenda para regalarle la presidencia en su último año en la institución? ¿Por qué los miembros de la Corte deben hacer campañas o lobby para ocupar cargos que teóricamente son parte de su función?

Así las cosas, puede pensarse que integrar la presidencia o las vicepresidencias debe traer consigo beneficios económicos y posibilidades de influenciar en ciertas áreas administrativas, con lo cual se explica el indigno y poco ético comportamiento de los ministros. Precisamente el Código de Ética Judicial indica en su artículo 14: “DIGNIDAD JUDICIAL. Es deber del juez desempeñar el cargo con la dignidad que exige la investidura judicial. En tal entendimiento, se abstendrá de incurrir en conductas que, directa o indirectamente, lesionen o menoscaben los valores de la función judicial y que aparezcan socialmente reprobadas, afectando su imagen judicial y comprometiendo el prestigio y la credibilidad de la Magistratura”.

Aunque la conducta antiética afecte directamente a la persona que la despliegue, al tratarse de un servidor público, y en particular un ministro de la CSJ, la repercusión es enorme. Por un lado, la ciudadanía observa una riña de baja estofa entre los más altos magistrados, aunque de los mismos ya casi nada se espera. Por otra parte, y probablemente lo más nocivo, la lectura que le dan los jueces, fiscales y demás servidores públicos es que: todo está permitido en la función judicial, la ley es algo accesoria, transar está bien con la autorización de los patrones del sistema, lo político partidario es lo que prima en el Poder Judicial.

Nuestro país seguirá sumido en el ostracismo democrático mientras ministros, jueces y fiscales denigren su función con su conducta ignominiosa, ostentando riquezas y vínculos políticos para servir a grupos mafiosos. Si en lo más alto del sistema judicial se regalan o se pelean por cargos, en lo demás puede ocurrir cualquier cosa, aunque estén en juego vidas y haciendas de los ciudadanos y los intereses superiores de la Patria. Pésimo ejemplo de indignos ministros de la CSJ.

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