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La sociedad paraguaya está secuestrada por un sistema de corrupción que funciona a la perfección para los grupos criminales empotrados en todos los poderes del Estado. En algunos casos, los soldados de la mafia son muy obvios en su comportamiento brutal, como se evidenció en los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuyo presidente, Óscar González Daher, insultaba, traficaba influencias, extorsionaba y manipulaba casos para beneficio propio o de su entorno, con el apoyo de abogados, fiscales y jueces.
Ese escándalo tuvo tibias consecuencias en algunos protagonistas como el mismo clan González Daher. Ambos hermanos, Óscar y Ramón, por distintos crímenes, fueron procesados y condenados, lo que no es poca cosa considerando que son la cara visible de esquemas mafiosos. Lastimosamente, esto no es suficiente ya que el esquema que montaron sigue funcionando y no se ha logrado desbaratarlo en el ámbito judicial. Ni un solo fiscal o juez fue investigado o procesado por parte de la fiscalía, lo que hace presumir que siguen extorsionando a inocentes para enriquecerse. Se ha probado que se inventaron causas para cobro de cheques por montos usurarios en la jurisdicción de Luque principalmente, pero a pesar de las pruebas, todos los fiscales y jueces vinculados siguen en sus puestos.
En el ámbito sanitario la cuestión no es distinta. El Partido Colorado sigue usando el Ministerio de Salud y los rubros de dirección, al igual que contratos, como cuotas de poder para ingresar a operadores políticos, sin importarle lo desastrosa y criminal que es la salud pública. En la última pandemia, se apropiaron de fondos destinados a la asistencia de la población, torciendo licitaciones y permitiendo la muerte en agonía de miles de personas que no debieron morir. A pesar de que esta trama fue descubierta en algunos aspectos y los responsables visualizados, no existió consecuencia para ellos. La razón es obvia, son piezas del engranaje corrupto y por eso tienen protección.
Recientemente, la tragedia ocurrida en San Bernardino, donde dos personas murieron y otras terminaron heridas como consecuencia de un tiroteo provocado por narcos, puso al descubierto el desconcierto de todo el Gobierno y su incapacidad para enfrentar la situación. El Estado paraguayo fue copado hace años por las asociaciones criminales como el narcotráfico. Inicialmente solventaban campañas políticas, luego empezaron a comprar espacios en las listas para tener directamente diputados, senadores, concejales, gobernadores e intendentes.
Obviamente estas organizaciones criminales controlan la policía en todos sus niveles, con lo cual se mueven libremente con protección, sin ser molestados en sus ámbitos de tráfico. Y en el caso de que por alguna razón son aprehendidos o procesados, cuentan con el favor de fiscales y jueces para no ser condenados o, si lo son, para recibir leves condenas. Si excepcionalmente ocurre que son puestos en prisión, viven como barones privilegiados en las penitenciarías, con todas las comodidades.
A pesar de la gravedad de los hechos que incluyen el supuesto borrado “por error” de la orden de captura de uno de los delincuentes, las autoridades no reaccionaron con la energía que se esperaba de ellas. Si bien fue destituido el comandante de la Policía, comisario general Luis Arias, y cambiaron de lugar a algunos jefes, se aguardaba una verdadera “razzia” en las propias fuerzas policiales para desmantelar a la estructura podrida que existe en su seno, y que permite, por ejemplo, que desde el Ñeembucú, a través del sistema informático, se manipulen datos para beneficiar a un narcotraficante requerido internacionalmente. Los policías delincuentes y sus cómplices deben ser radiados de la fuerza. De lo contrario, lo que se está haciendo se asemeja más a un maquillaje para esconder la suciedad petrificada que cubre la institución.
A la opinión pública le gustaría conocer, por ejemplo, cómo es que ninguna autoridad de la Senad, de la policía, el comandante de la institución, el jefe antinarcóticos o el ministro del Interior sabían de la presencia de grupos narcos en un evento masivo, y no adoptaron ninguna medida preventiva. Tampoco explicaron qué piensan hacer para enfrentar el avance de estos grupos criminales.
En síntesis, el denominador común de la situación que vivimos en todos los ámbitos señalados es la impunidad. El Gobierno es cómplice de estos grupos criminales de manera activa o por omisión, consintiendo la indefensión en la que se encuentra la sociedad honesta. Paraguay no debe convertirse en un país controlado por mafias y es responsabilidad de los gobernantes corregir el rumbo actual.