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“En cinco años más, con mayor exactitud, en febrero de 2023, se considerará pagado el préstamo de US$ 27.000 millones (en valores no actualizados) que contrajeron los gobiernos de Brasil y de Paraguay para la construcción de la hidroeléctrica Itaipú Binacional”, publicaba el día jueves 17 de marzo último la agencia especializada brasileña CanalEnergía y atribuía la declaración al director general brasileño de la entidad binacional, Ing. Agr. Jorge Miguel Samek.
“De esa forma, las bases financieras del Tratado de Itaipú, firmado en 1973, podrán sufrir profundas modificaciones”, añadía Samek según la publicación.
El primer párrafo que transcribió CanalEnergía, y lo atribuyó a Samek, comporta errores hasta de distracción, tal vez porque el ejecutivo brasileño estaba más interesado en tranquilizar a los actuales beneficiarios de los royalties que abona mensualmente la entidad binacional, quienes suponen que este beneficio también se extinguirá en 2013.
El primer error, muy llamativo por cierto, es básico, porque para alcanzar febrero de 2023 aún faltan siete años. No cinco, como se lee en el párrafo entrecomillado” por CanalEnergía.
Sin embargo, el dato más relevante es la cifra: 27.000 millones, que, según el director general brasileño, es el préstamo que contrajeron los gobiernos de su país y el nuestro para solventar la construcción de la obra.
Lamentablemente, no se detalla si Samek hablaba solo al principal de la deuda, los “recursos aportados”, según el Art. IX del Tratado, o si también incorpora los servicios (intereses, capitalización de intereses, comisiones, etc.).
La última hipótesis no sería posible (capital más servicios de la deuda), porque ya en el 2006, según documentos de la Dirección Financiera de la binacional, el pago total que había realizado Itaipú hasta diciembre de ese año trepaba ya a la friolera de US$ 30.700 millones (vea el cuadro).
Vista la cercanía del 2023, año en que el Tratado cumple 50 años de vigencia, el plazo que establece el numeral VI de su Anexo C para la “revisión” de sus disposiciones, la parte más perjudicada en esta asimétrica relación, la República del Paraguay, debería comenzar a trabajar en el esclarecimiento de las cuentas de Itaipú, sin olvidar, además de la deuda, la segunda exigencia del Art. VI del Anexo C, muy relevante para los intereses paraguayos: la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países.