Durante la audiencia pública de la Comisión de Supervisión y Control Financiero de la Cámara de Diputados del Brasil -realizada ayer- para debatir la formación de la tarifa de energía generada por Itaipú y la inclusión de costos socioambientales en el costo, la diputada Adriana Ventura (Novo-SP), manifestó su indignación “como ciudadana brasileña” ante problemas relacionados con la gestión y negociación de la tarifa.
Resaltó la ilegalidad de las acciones y el incumplimiento del Tratado de Itaipú. Criticó la nota reversal de 2005, justamente por considerarla ilegítima, y el impacto económico negativo de la tarifa alta en los consumidores brasileños, especialmente en los de bajos ingresos.
“La nota reversal es ilegítima y no ha sido aprobada por el Congreso Nacional. En segundo lugar, hay un tratado que no se está cumpliendo. Así que, estos son dos puntos que, independientemente de la justificación, si la intención es buena o no, tenemos dos hechos graves aquí”, advirtió.
Propuso una mayor transparencia y seguimiento de las negociaciones bilaterales con Paraguay, e interrogó a representantes de diversos ministerios sobre aspectos específicos de la gestión tarifaria, la responsabilidad socioambiental y las auditorías.
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Durante la audiencia, de la que participaron, además del director financiero brasileño de Itaipú, André Pepitone; Felipe Pereira, representante de la Cancillería de Brasil; Gustavo Manfrim, subsecretario de asuntos económicos y regulatorios del Ministerio de Minas y Energía de su país, y Leandro Caseita, de la superintendencia de gestión tarifaria y regulación económica de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), enfatizó en la importancia de la supervisión y de garantizar la protección de los intereses de los consumidores brasileños.
Mencionó también un tercer hecho, que es que “el ciudadano brasileño de bajos y medianos ingresos paga una factura absurda, que no es suya, en nombre de quién sabe qué”. Y como un cuarto elemento, dijo que se dan cuenta “de que algunas cosas se están haciendo con un sesgo electoral”.
En esa misma línea, Nelson Martins, director y coordinador de la Academia Nacional de Ingeniería (ANE), cuestionó que hubo una “elevación artificial inflada de los gastos de explotación cuando se acabó el servicio de la deuda” de Itaipú.
“Los gastos cayeron de 2 mil millones de dólares por año en 2022 a cero en 2024, cuando fue saldada la deuda”, recordó. Sin embargo, dijo que “la revisión del Anexo C fue hecha vía negociación sin pasar por el Congreso, que es exigido por el Tratado de Itaipú”, haciendo referencia al acuerdo firmado por ambos gobiernos en abril de 2024.
Agregó que lo correcto sería cobrar 9 dólares por kilovatio-mes.
Por su parte, Felipe Pereira, de la cancillería brasileña, recordó que el acuerdo firmado por Paraguay y Brasil el año pasado es que desde 2027 la tarifa refleje el costo estricto de operación de la binacional.
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Ilegitimidad, según estudio
El mes pasado se dio a conocer en Brasil el estudio de la Consultoría Legislativa de la Cámara de Diputados (Conle), que reveló que la tarifa de la Central Hidroeléctrica Itaipú incluye gastos socioambientales ilegales, creados sin la aprobación del Congreso. La publicación refiere que los gastos se introdujeron en 2005 a través de la Nota reversal Nº 228, acuerdo diplomático entre Brasil y Paraguay.
TCU no puede auditar, Comisión Binacional sí
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil reiteró ayer su limitada capacidad legal para auditar directamente a Itaipú, a pesar de las crecientes preocupaciones parlamentarias y de las negociaciones en curso sobre la revisión del Anexo C del tratado.
Marcelo Leite, auditor jefe del TCU, compareció en la audiencia pública en la Cámara de Diputados, donde enfatizó que Itaipú es una entidad indivisible y, por lo tanto, no está sujeta a la fiscalización directa del organismo de control brasileño. “No está autorizado el TCU para auditar a Itaipú” dijo Leite.
Aun sin potestad directa, el funcionario destacó la cercanía del TCU con el grupo de trabajo que lleva adelante la crucial revisión del Anexo C, un tema que reconoció “mueve mucho al parlamento” y sobre el cual han recibido más de 15 denuncias en representación del Congreso Nacional.
El auditor sugirió que la vía para una actuación más directa en la fiscalización de los gastos y gestiones de Itaipú, particularmente los socioambientales, es la Comisión Binacional de Cuentas (CBC). Manifestó que la creación de la CBC requiere la aprobación de Paraguay y Brasil. Según el TCU, la documentación brasileña, tras una “discusión bastante extensa” entre esa entidad, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra actualmente en la Casa Civil antes de ser remitida al Congreso.