El organismo asesor conformado por 53 legisladores (26 senadores y 27 diputados) cerró el último jueves la fase de sesiones informativas durante la cual recibió a las principales autoridades de las instituciones públicas para que defiendan sus respectivos proyectos de presupuesto.
A partir de hoy, lunes 20, los parlamentarios inician las sesiones deliberativas para decidir qué modificaciones realizarán al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y los pedidos de aumento que serán atendidos.
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El presidente de la comisión bicameral, senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, tras la sesión del jueves 9 informó que las solicitudes adicionales hasta esa fecha ya superaban los G. 2 billones (US$ 254 millones al cambio presupuestado).
Luego, se llevaron a cabo las dos últimas sesiones informativas en donde las 10 universidades nacionales pidieron mayores recursos para atender aumentos salariales, crecimiento vegetativo e inversión en infraestructura.
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Sólo la Universidad Nacional de Asunción (UNA) planteó un incremento de G. 356.289 millones (US$ 45,2 millones al cambio presupuestado).
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El Ministerio del Interior no pidió ningún aumento presupuestario, pero ante la consulta de los legisladores de cuánto sería la necesidad de recursos para atender todos los beneficios para el personal policial, el ministro Enrique Riera dijo que rondaría los US$ 100 millones.
La próxima reunión se llevará cabo el jueves 23, posteriormente se preparará el dictamen que será elevado a fin de mes a consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su estudio.
Proyecto presentado por el Ejecutivo
El proyecto de PGN 2026 presentado por el Ejecutivo incluye a 107 instituciones públicas de la administración central y entidades descentralizadas, más 18 organismos, principalmente secretarías, que forman parte del presupuesto de la Presidencia de la República.
La propuesta asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), equivale al 38% del PIB estimado de G. 392,3 billones (US$ 49.787 millones).
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El plan aumenta G. 15,9 billones (US$ 2.026 millones), que representa 12%, con respecto al presupuesto inicial aprobado para el ejercicio 2025.
Contempla un déficit fiscal de 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Se estima recaudar en impuestos G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones) y el Tesoro podrá emitir bonos hasta un monto de US$ 1.303 millones, para financiar inversiones y “bicicletear” la deuda que vence.