El comunicado conjunto de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), señala que ante los recientes procedimientos realizados en el Chaco, informan que las intervenciones forman parte de acciones tendientes a la tenaz lucha contra el contrabando, el resguardo del estatus fitosanitario del país y el control territorial, respaldadas en las potestades otorgada a estas entidades en el marco legal vigente, y en estricto respeto al debido proceso.
“Los operativos se iniciaron tras denuncias de productores nacionales sobre el presunto ingreso irregular de cebollas por la zona de Pozo Hondo”, indica el comunicado.
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Explica que durante tareas de verificación, en el departamento de Boquerón, y, luego de un minucioso trabajo de inteligencia, se detectaron mercaderías provenientes del establecimiento denominado “Última Esperanza“, donde las cargas incautadas presentaban llamativas inconsistencias en su origen y trazabilidad, hallándose en el lugar una gran cantidad de envases con marcas extranjeras y otras sin logotipos ni marcas, ya sea con productos o vacíos.
Sobre este último punto, el Senave recuerda que el uso de bolsas recicladas o reutilizadas, especialmente aquellas con inscripciones extranjeras, está prohibido, ya que compromete la identidad, la sanidad. calidad e inocuidad del producto. “Los envases para frutas y hortalizas deben ser nuevos, secos, limpios y con identificación válida”, puntualiza.
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Procedimiento conforma a normativas
El comunicado refiere que los controles se realizaron conforme a las normativas vigentes que exigen que productores, fincas y cultivos estén registrados, y que toda movilización esté respaldada por documento de trazabilidad vegetal (DTV) emitido por Senave cuando así corresponda y comprobantes legales que acrediten origen y destino.
“En los trabajos de inteligencia previamente realizados se pudo constatar que los vehículos involucrados en la operación salían de establecimientos no declarados, se ofrecían productos sin respaldo documental (factura) y se utilizaban documentos emitidos a nombre de terceros, lo que imposibilita garantizar la trazabilidad de la mercadería. Estos hechos constituyen indicios suficientes para realizar el procedimiento de incautación y posterior instrucción del sumario administrativo, donde los afectados podrán ejercer su derecho a defensa conforme a lo establecido en el marco normativo vigente”, afirma.
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Las instituciones aclaran que los controles no están dirigidos a productores registrados que operan conforme a la ley, sino a prácticas irregulares que buscarían encubrir el origen real de los productos o evadir los controles tributarios, sanitarios y aduaneros.
“Asimismo, es importante señalar que se llevan a cabo acciones de inducción al cumplimiento en operaciones previas, con el objetivo de orientar a los operadores sobre las obligaciones normativas aplicables y promover prácticas alineadas con los principios de trazabilidad, transparencia y regularización documental”, señala.
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El comunicado menciona finalmente, que la DNIT continuará trabajando con el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el apoyo técnico del Senave para combatir el contrabando, proteger la producción nacional y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
“Se insta a comerciantes y transportistas a ajustar sus operaciones a la legalidad para evitar sanciones”, recomienda el organismo de control y recaudación del Estado.
Gremios de la producción piden garantías
El comunicado surge como respuesta a las críticas realizadas por el productor afectado y los gremios de la producción, estos últimos emitieron ayer un comunicado solicitando la sanción de los responsables del procedimiento y exigieron al gobierno garantías reales para producir en el marco legal y bajo supervisión de las instituciones competentes.
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La nota fue emitida por la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), tras la intervención de la finca ubicada en el departamento de Boquerón, Chaco, perteneciente a la empresa Cebolla Chaqueña, por sospecha de contrabando.
“Llama poderosamente la atención la predisposición y rapidez de ciertas autoridades para intervenir la finca de un productor paraguayo con una larga trayectoria en el sector hortícola chaqueño al que no dudaron de calificarlo de contrabandista”, indica el comunicado de los gremios.
El propietario de la firma, Herbert Hiebert, denunció públicamente haber sido víctima de un procedimiento irregular por parte de la DNIT y aseguró que los cultivos son de origen nacional.