La huelga de choferes prevista para hoy y mañana fue nuevo postergada luego de que los gremios del transporte recibieran el compromiso de la Cámara de Diputados de abrir un espacio de participación en proyecto de ley de reforma del sistema. La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) y la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT) resolvieron suspender la medida de fuerza con la expectativa de que el plan normativo sea modificado en los artículos que cuestionan.
La decisión fue adoptada tras una reunión tripartita celebrada en el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS), con la presencia del viceministro de Trabajo, César Segovia, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y representantes sindicales. Allí se acordó que los dirigentes lleven el acta al Congreso Unitario de Trabajadores del Transporte para formalizar la suspensión del paro.
El presidente de la Fetrat, Gerardo Giménez, aclaró que la medida no se cancela, sino que se pospone. Dejó en claro que en cualquier momento pueden convocar a un congreso de Trabajadores para definir nuevas fechas de la huelga si no atienden sus reclamos.
“Nosotros demostramos una vez más que la intención no es ir a la huelga, sino ser parte de la reforma. Pedimos participación y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se comprometió a convocar a una audiencia pública con todos los actores del sistema: usuarios, trabajadores, empresarios y el Gobierno”, indicó en conferencia de prensa tras la tripartita.
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¿Qué dicen los artículos cuestionados por choferes?
Giménez insistió en que la satisfacción de los gremios pasa por el compromiso parlamentario de revisar los tres artículos cuestionados. “Hay intenciones de modificar los artículos 20, 39 y 45. El levantamiento final de la huelga dependerá de lo que encontremos en Diputados”, explicó.
El artículo 20 del proyecto aplica al transporte público el carácter de “imprescindibilidad” y en la versión aprobada en el Senado establece porcentajes específicos en caso de huelga, garantizando 70% de servicio en horas pico y el 60% en los demás horarios.
Para los sindicatos, esta redacción limita el derecho constitucional a la huelga, ya que una normativa ordinaria no puede estar por encima de la Constitución Nacional. “Eso impedirá la huelga de los trabajadores”, advirtió Giménez.
En cuanto al artículo 39, la polémica gira en torno a la garantía laboral, ya que la versión que tiene media sanción en el Senado añade que un operador que sustituya a otro en una unidad funcional (itinerarios) deberá incorporar a los conductores que hayan prestado servicios durante al menos los dos últimos años y que queden cesados del operador anterior.
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Según los choferes, este artículo deja fuera a otros sectores del plantel. “Nosotros consideramos que la absorción debe ser del 100% de los trabajadores: mecánicos, administrativos, inspectores, todos los compañeros”, dijo y añadió que la exclusión de estos grupos amenaza la estabilidad de miles de familias. Tampoco están de acuerdo en que se haya previsto una evaluación de idoneidad de los conductores en el artículo citado.
Finalmente, el artículo 45 según la versión del Senado, establece que el servicio de transporte público metropolitano de pasajeros estará integrado por los siguientes componentes: provisión de flota, provisión de infraestructura, operación en unidades funcionales y servicios complementarios necesarios para la operación, que podrá prestar por separado cada concesión.
En este sentido, para los gremios, el problema radica en que no se establecen con claridad las responsabilidades de estas adjudicatarias respecto a los derechos de los trabajadores. Los sindicatos reclaman que se definan obligaciones concretas para evitar la precarización laboral y garantizar condiciones justas en la transición al nuevo modelo.
Giménez recalcó que el sector prioriza a los usuarios como los principales beneficiarios de la reforma. “Nosotros no estamos en contra de la reforma, queremos que sea una reforma garantizada, que sea un bien común para todo el pueblo paraguayo”, afirmó.
“Un derecho constitucional”
El viceministro de Trabajo, César Segovia, destacó que el acuerdo permitió dar tranquilidad a la ciudadanía. “Se ha oficializado la no realización de la medida de fuerza prevista para el 25 y 26 de septiembre. Existen avances significativos en la redacción de los artículos cuestionados y creemos que se podrá llegar a un consenso total”, manifestó. Recordó que la huelga sigue siendo un derecho constitucional y que dependerá de los gremios definir su aplicación en función de cómo avancen las negociaciones.
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Por su parte, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, valoró la predisposición de los choferes. “Siempre primó en estas conversaciones el bienestar ciudadano. Los trabajadores manifestaron que no buscan la huelga, sino que exigen que sus derechos estén garantizados en el proyecto de reforma. El espíritu del diálogo y el interés general fueron determinantes para este paso”, señaló.
Expectativa para que se cambien artículos cuestionados
El presidente de Diputados, Raúl Latorre, prometió incorporar a los gremios y otros actores al proceso de debate, lo que permitirá que los ajustes se discutan antes de que sean votadas en la Cámara.
Para los sindicatos esta apertura constituye un avance, porque antes fueron excluidos de la etapa inicial del proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado.
Por ahora, los choferes mantendrán la medida de fuerza en suspenso, a la espera de que el Parlamento cumpla con los compromisos que asumió. Si bien el acuerdo dio un respiro a los usuarios del transporte público, la realización de la huelga o no dependerá de lo que ocurra en el Congreso