En conversación con ABC Color este jueves, Andrés Mallada, representante de la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) lanzó duros cuestionamientos contra el proyecto de ley de “reforma integral” del sistema de transporte público que impulsa el Poder Ejecutivo y que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores.
Esta semana, el Senado dio media sanción al proyecto de ley del Ejecutivo, que ahora debe ser tratado en la Cámara de Diputados.
La propuesta legislativa plantea innovaciones en el sistema de transporte público en Asunción y sus alrededores como la provisión de buses e infraestructura por parte del Estado a empresas privadas por medio de concesiones de itinerarios que durarán entre 15 y 20 años, además de la creación de un fideicomiso para financiar el servicio y pagar subsidios, entre otras novedades.
“Totalmente incumplible”
Mallada opinó que el proyecto de ley es “totalmente incumplible” y pintó un panorama actual de carencias en el sistema de transporte que la propuesta del gobierno podría agravar.
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“Cada vez hay menos capital de giro para mantener la flota, cuando falta dinero y se funde un motor o una caja y no tenés, ese vehículo queda parado”, dijo.
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Comparó el dinero que las empresas reciben – de los pasajeros y del gobierno a través de subsidios – para mantener el servicio en marcha como “leña para que se mueva el tren”.
“El sistema de transporte quema en la calle cien millones de dólares por año en combustible, cubiertas, repuestos, sueldos”, explicó. “De esos cien millones, 50 los coloca el usuario (con el pago de sus pasajes) y los otros 50 lo coloca el gobierno”.
“Va a llevar diez años implementar”
Señaló que, según el proyecto de ley, el gobierno planea hacer que su parte del dinero vaya a un fideicomiso para financiar el nuevo sistema, lo que – desde su perspectiva - significaría menos recursos para mantener en circulación los transportes mientras se termina de implementar el sistema reformado, que, según calculó, podría tardar varios años en terminar de implementarse.
“Quieren tener ocho empresas en vez de más de 30, pero para que pueda operar solo la primera van a necesitar mínimo un año y medio”, argumentó. “La ley exige estudios de movilidad y solo uno cuesta unos 600 mil dólares y lleva un año. Aparte hay que adecuar las vías, colocar paradas adecuadas, cuidar los alimentadores y las capilaridades de los municipios, tiene que haber carriles exclusivos”.
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“Es impracticable, va a llevar diez años implementar”, subrayó.
Añadió que el Viceministerio de Transporte, que el proyecto de ley busca robustecer, carece de recursos materiales y humanos para llevar a cabo un emprendimiento de la magnitud del que el plan del Ejecutivo contempla y centralizar la regulación del transporte en todos los municipios del Área Metropolitana de Asunción.
“Esta ley lo único que va a conseguir es un Viceministerio robusto, fuerte, una rectoría que tiene todos los poderes y va a poder controlar todo, pero no va a tener a quién controlar porque las empresas van a estar todas muertas o van a sobrevivir cinco o seis que no quieren entrar por caminos vecinales y barrios”, insistió.