Tras la reunión de la mesa directiva con líderes de bancada esta mañana, la Cámara de Senadores resolvió que el proyecto de ley de reforma del transporte público sea tratado este miércoles, en sesión ordinaria.
La decisión fue impulsada por el titular de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez, pese al pedido de la senadora Yolanda Paredes de postergar el debate para una sesión extraordinaria, teniendo en cuenta que el plan normativo tiene 122 artículos. Núñez defendió que el proyecto tiene tratamiento de código, un mecanismo que limita la discusión de los artículos y permite aprobar partes del texto sin debate, medida que genera cuestionamientos entre gremios y usuarios.
Concretamente, el tratamiento de código es un mecanismo legislativo que permite que los artículos que no tuvieron objeciones se voten sin discusión, y que pueden debatirse solo los puntos específicamente señalados en las enmiendas que fueron presentadas en el plazo establecido (en el caso de la reforma fue hasta el 27 de agosto). En la práctica, este procedimiento limita la posibilidad de las modificaciones de última hora y reduce el tiempo del debate parlamentario, que genera preocupación entre gremios y usuarios, quienes consideran que podría aprobarse el proyecto sin atenderse todas sus demandas.
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Paro de choferes sigue latente
Desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), Griselda Yúdice señaló que la huelga de choferes prevista para los días miércoles y jueves de esta semana, es “totalmente entendible”, ya que el nuevo modelo no garantiza la estabilidad laboral ni los aportes jubilatorios de los conductores, muchos de los cuales rondan los 50 años. Además, enfatizó que los usuarios exigen que el Comité Asesor tenga carácter vinculante en las decisiones del sistema.
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Esta tarde, a las 15.00, debe proseguir la reunión tripartita de los gremios de choferes con el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en la cual buscrán destrabar la medida de protesta de los choferes.
Opama y los gremios de choferes presentaron modificaciones avaladas por los senadores Esperanza Martínez y Rafael Filizzola, que serán analizadas mañana, martes, en la Comisión de Hacienda. Entre los cambios plantean que los trabajadores despedidos injustificadamente reciban compensación a través del fideicomiso que administrará los fondos del transporte.
En la misma línea, Gerardo Giménez, dirigente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), reiteró que la medida de fuerza se mantiene para el miércoles si en la reunión tripartita no logran avances. “Nos preocupa que el análisis se haga a puertas cerradas, porque el tratamiento de código limita la discusión y normalmente terminan aprobando todos los proyectos con mayoría automática”, criticó.
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La propuesta del Ejecutivo
El plan del Gobierno, presentado en julio, prevé concesiones de 15 a 20 años mediante licitación pública y una implementación gradual de cuatro años. Los contratos incluirán la provisión de flota, infraestructura, operación de unidades funcionales y servicios complementarios.
El Estado comprará los buses —con un límite de antigüedad de 15 años y prioridad para unidades de bajas o cero emisiones— y los pondrá a disposición de los operadores. También se licitarán patios, terminales y estaciones, así como servicios de gestión tecnológica, fiscalización e inspección técnica.
La operación se reorganizará en troncales, alimentadoras, ramales y circulares, reduciendo de 36 a una decena la cantidad empresas operadoras. El modelo contempla integración tarifaria, fideicomiso administrado por la AFD y financiamiento con billetaje electrónico, más subsidios estatales.
La incógnita sigue siendo el fondo del cualo saldrán los recursos iniciales para la compra de al menos 1.000 buses.