El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Manuel Diesel Junghanns, presentó en la plenaria de ayer el plan de ingresos y gastos del Poder Judicial.
La propuesta, según dijo, fue previamente socializada y revisada por todos los ministros y tras su aprobación que se dio en la fecha, será remitida al Congreso Nacional, conforme al artículo 249 de la Constitución Nacional.
El referido artículo establece que el Poder Judicial goza de autarquía presupuestaria y que en el Presupuesto General de la Nación (PGN) se le asignará una cantidad no inferior al 3% del presupuesto de la administración central.
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Diesel informó en la plenaria que el monto total asignado asciende a más de G. 2,3 billones, equivalente a unos US$ 312 millones.
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Explicó que el total representa un aumento del 34% respecto al presupuesto vigente y está estructurado con 75% de recursos del Tesoro Nacional y 25% de recursos institucionales.
Comparando con el proyecto de PGN presentado el último lunes al Congreso por el Poder Ejecutivo, de más de G. 1,9 billones, implica un incremento del 22%.
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El presidente de la Corte dijo que el proyecto responde a una planificación técnica y transparente, respaldada por el Sistema de Información de Planificación Operativa Institucional (SIPOI).
Señaló que entre los principales indicadores se destacan: una meta de producción de 806.625 resoluciones judiciales; una tasa de litigiosidad estimada en 5.569 casos por cada 100.000 habitantes; y una tasa de resolución de 1,06, que refleja un desempeño institucional sostenido en eficiencia jurisdiccional.
Más cargos y aumento salarial en el Poder Judicial
Explicó que el proyecto de presupuesto prioriza tres ejes estratégicos fundamentales:
1) Modernización institucional, con la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), conforme a la Ley N.º 7424/2025, que constituye un hito histórico en la gestión judicial y permitirá unificar y agilizar procesos en beneficio de la ciudadanía.
2) Fortalecimiento del recurso humano, mediante la creación de cargos, la regularización de estructuras y los ajustes salariales que dignifican la labor de magistrados y funcionarios, consolidando la capacidad de respuesta en todo el territorio nacional.
3) Expansión de infraestructura judicial, con continuidad de obras en ejecución y nuevas construcciones en circunscripciones clave, garantizando la presencia efectiva de la justicia en todo el país.
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Con relación al segundo punto, en su exposición no dio detalles acerca de la cantidad de nuevos cargos a ser creados ni del aumento salarial planteado para magistrados y funcionarios.
Se trataría, sin embargo, de la misma propuesta que realizó en el inicio del pasado mes de julio a través de una ampliación presupuestaria presentada al Congreso, porque considerarían que ya no sería aprobada.
Ampliación pendiente en el Congreso para la Corte
El pedido de ampliación asciende a más de G. 46.652 millones y contempla un reajuste salarial para los funcionarios de las áreas jurisdiccionales y administrativa, que suman 9.416 en total.
Así también un reajuste salarial para los actuarios judiciales de Primera y Segunda Instancia, y actuarios especializados de Juzgados de Paz, con aplicación efectiva a partir del mes de setiembre a diciembre.
El aumento requerido consiste en lo siguiente: 20% para los funcionarios que ganan dentro de un rango de G. 2.798.309 a G. 5.000.000; 10% para los que ganan entre G. 5.000.001 a G. 10.000.000; y 5% para los que ganan un monto superior a G. 10.000.000.
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En el caso de los actuarios judiciales, para un total de 880 cargos, solicitan un aumento del 16%, que representa G. 1.337.234, considerando que la ley dispone que deben ganar el 60% del salario de jueces de Primera Instancia.
Con relación a los actuarios especializados, el reajuste planteado para 327 cargos es del 14%, equivalente a G. 1.337.234, según la solicitud presentada ante el Congreso.
Responde a la demanda de servicios
El presidente de la Corte argumentó respecto al proyecto de presupuesto 2026 que responde a la demanda creciente de servicios de justicia y que busca garantizar que el Poder Judicial cuente con los recursos necesarios para brindar un servicio accesible, eficiente, moderno y de calidad.
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“Este presupuesto no constituye un gasto, sino una inversión en justicia y en democracia. Es la base para sostener y mejorar los servicios judiciales que diariamente impactan en la vida de miles de ciudadanos, fortaleciendo el Estado de derecho y la confianza pública en las instituciones”, dijo Diesel Junghanns solicitando su aprobación.
“Con esta aprobación, esta Corte reafirma su compromiso con una justicia planificada, moderna y orientada al interés general de la República”, afirmó al final de su exposición en la plenaria de ayer, miércoles 27.