Huelgas, paros y movilizaciones serán planteados en un congreso convocado por la Federación de Trabajadores del Transporte Público ante la exclusión del sector en la reforma de transporte que el Poder Ejecutivo entregó a la Cámara de Senadores en la penúltima semana de julio, según dijo el presidente del gremio, Gerardo Giménez.
“No fuimos convocados en ningún momento, por las autoridades del gobierno para participar en la reforma de transporte. Por eso nosotros hoy convocamos al Congreso y de ahí va a salir seguramente qué medida de acción nosotros vamos a tomar, salir a manifestar en la calle o ir a una huelga”, precisó.
Aclaró que si bien analizan medidas de fuerza, no descartan dialogar con el gobierno para ser incluidos, ya que su mayor temor es perder estabilidad laboral, sindical, o que se vea afectada su jubilación con la posible tercerización del servicio, por lo que exigen seguridad jurídica y garantías del derecho al trabajo.
La Cámara de Senadores aprobó el tratamiento de la reforma del transporte público como código, por lo que será tratada en comisiones mañana y en el pleno a partir del 3 de setiembre, según dieron a conocer desde la institución. En ese sentido, Giménez lamentó que el Poder Ejecutivo presentó el proyecto sin darle la oportunidad a los trabajadores de formar parte del proceso de la reforma.
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Reforma del transporte público
La reforma del transporte público presentada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores contempla tres componentes principales, cada uno a ser licitado de forma separada o combinada: provisión de flota (buses), provisión de infraestructura (estaciones y terminales) y operación en unidades funcionales (troncales principales), que serán gestionadas por diferentes empresas privadas.
Apuntan a reducir las actuales 36 líneas a 10 empresas y permitir la integración tarifaria para realizar varios viajes con un solo pasaje. Hasta ahora no está claro el origen de los recursos para la renovación de buses, ya que en la última presentación no se detalló la fuente de financiamiento.
La reforma contempla la incorporación de nuevas tecnologías, centros de monitoreo e información en tiempo real, a modo de que los usuarios podrán consultar desde su celular cuánto falta para la llegada de su bus y planificar sus viajes.
La propuesta incluye la creación de un “Fideicomiso de Administración del Financiamiento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros”, manejado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
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Financiamiento de reforma de transporte
El fideicomiso se financiará con ingresos del pasaje a través del billetaje electrónico, recursos del Fondo de Promoción del Transporte Eléctrico (proveniente del 10% de lo recaudado del impuesto selectivo al consumo de combustibles), multas a empresas de billetaje, créditos presupuestarios, donaciones y otras fuentes autorizadas.
El flujo estimado requerido para los próximos cinco años sería de US$ 250 millones, aunque no se precisa cuánto de esta cifra sería cubierto por el pago de los usuarios. Además, como el monto del pasaje no cubre la inversión necesaria, se prevé que el Estado subvencione los recursos faltantes.
El proyecto define al transporte público como un servicio imprescindible, cuya interrupción será considerada una infracción grave. La fijación de tarifas será responsabilidad del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), buscando la tarifa integrada para facilitar la movilidad de los usuarios.