A dos años de la administración de Santiago Peña, los números oficiales en materia habitacional contrastan con la gran promesa de la construcción de 500.000 viviendas en cinco años. Esa meta quedó en el archivo y hoy, la propia cartera de Vivienda admite que el objetivo real es llegar a 100.000 soluciones habitacionales al final del mandato, alegando que la cifra citada anteriormente fue solo un “lapsus” del jefe de Estado.
En este sentido, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, defendió ayer la gestión asegurando que en dos años ya se gestionaron más viviendas que en los cinco años de Mario Abdo Benítez. Según sus datos, en la era Peña se encuentran en diferentes etapas de construcción 38.739 unidades, de las cuales 23.329 ya fueron culminadas y entregadas.
“En términos de viviendas, nuestros números son sumamente auspiciosos. Marito hizo 35.000 en cinco años; nosotros gestionamos 38.000 en dos”, sostuvo Baruja.
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De la promesa de 500.000 al ajuste de expectativas
Consultado sobre la meta inicial de medio millón de viviendas, el ministro explicó que se trató de una confusión del presidente: “Creo que hubo un lapsus, él mezcló con la meta de 500.000 empleos. En vivienda nuestra meta real es llegar a 100.000 en cinco años”, manifestó.
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De acuerdo con el cuadro que presentó el ministro, el mayor peso recae en programas estatales de la cartera a su cargo, que concentra alrededor del 70% de las soluciones habitacionales. A eso se suman las entregas hechas a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y los convenios con Itaipú y otros entes aportan cifras menores.
Pero aun sumando todas estas cifras no se llegará a la cifra proyectada en principio, por lo que la proyección para los cinco años de Gobierno ya se redujo a las 100.000 viviendas. A través del MUVH actualmente se tienen gestionadas (en proceso de construcción) 22.759 casas y la cantidad entregada suma 12.941 (ver las cifras de todos los programas en el facsímil).
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Asimismo, el programa emblema, Che Róga Porã hasta ahora solo entregó 462 casas, con una cantidad gestionada de 2.678 viviendas. Esto al parecer se debe a que los bajos ingresos de los paraguayos siguen impidiendo el acceso a las viviendas, pese a las tasas competitivas ofrecidas para acceder a este programa.
Baruja también insistió en que el avance, sin embargo, también está condicionado por el presupuesto. “Operativamente, podemos llegar; el límite es fiscal, es otro tema. Si sostenemos el ritmo, tenemos chances de alcanzar las 100.000, pero dependerá de la disponibilidad de recursos”, admitió Baruja.
El tren de cercanías sigue en papeles
El tren de cercanías, otra de las promesas emblemáticas del presidente Peña, sigue sin salir del papel. Inicialmente, el Gobierno buscaba reactivar el plan con Corea del Sur, pero el proyecto fue cancelado “tras la falta de acuerdo financiero” según la versión oficial.
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Tras esa caída, el Ejecutivo apuró un nuevo proyecto de ley para darle continuidad a la iniciativa bajo un esquema diferente de financiamiento y gestión. Para lo cual, el presidente Peña promulgó a comienzos de este año la Ley Nº 7434 “De la reforma del tren de cercanías”, normativa orientada a implementar el tren entre Asunción e Ypacaraí.
La ley fue sancionada sin objeciones ni debate por la mayoría cartista de la Cámara de Diputados el 17 de diciembre último, durante la última sesión antes del receso legislativo, pero hasta hoy no registra avances concretos. No hay licitación abierta, ni cronograma definido para el inicio de obras.
El propio ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, expresó recientemente que tiene “poca fe en que el tren se concrete”, debido al alto costo del plan, estimado en US$ 420 millones, y a las limitaciones fiscales que enfrenta el país. En paralelo, el Ejecutivo pidió a Fepasa, manejado por Facundo Salinas, que reduzca los costos del proyecto, sin resultados a la vista.
La normativa citada autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a suscribir una adenda al contrato de concesión con Fepasa, habilitando a esta empresa estatal a establecer uno o varios contratos de “subconcesión” con el sector privado por hasta 35 años, incluyendo el período de construcción. Para ello, Fepasa debe convocar a un proceso licitatorio que permita seleccionar a los “subconcesionarios”.