Uno de los aspectos que el presidente de la República, Santiago Peña, exhibe en sus dos años de gestión es la reducción de los precios de los combustibles. Según referentes del sector privado, esto se debe a que no hay otro “logro” significativo que destacar.
Sin embargo, lo que su Gobierno no menciona son las pérdidas que registran las diferentes empresas públicas como Petróleos Paraguayos (Petropar), la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), la Industria Nacional del Cemento (INC) y Cañas Paraguayas S.A. (Capasa). Estas firmas cerraron el año pasado con una pérdida acumulada de G. 1,3 billones (más de US$ 180 millones al cambio actual).
Se trata de resultados negativos que se arrastran desde administraciones anteriores y que, lejos de mejorar, empeoraron con el actual Gobierno.
En el caso de la empresa pública “emblema”, Petropar, dirigida por Eddie Jara, el balance muestra pérdidas acumuladas por G. 352.007 millones. Además, la petrolera continúa con compras dudosas, como la de la firma catarí Doha Holding (ligado a Alejandro Domínguez Pérez), que a casi un año del contrato aún no entregó el gasoil comprometido. Algo similar ocurrió con la empresa emiratí Evolution Group FZ LLC, que en mayo debía proveer una tanda de diésel, pero hasta la fecha nada se sabe del combustible.
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Estas adquisiciones de firmas sin experiencia en el rubro comenzaron apenas Jara asumió la titularidad de la estatal, con la fallida compra de gasoil a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, cuya garantía por incumplimiento aún no fue recuperada y sigue en litigio judicial.
La velocidad y la falta de transparencia con las que se realizaron estas adjudicaciones alimentan serias sospechas sobre posibles actos de corrupción.
Obras públicas paralizadas y peleas internas por el déficit fiscal
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de Claudia Centurión, sigue sin ejecutar obras de envergadura en este Gobierno. La mayoría de los proyectos en marcha fueron licitados a través de Itaipú o de la Fundación Parque Tecnológico de la binacional, con cero transparencia, esquivando la Ley de Contrataciones Públicas. Además, Peña se dedicó a inaugurar obras heredadas, como la Costanera Sur, el Puente Héroes del Chaco o los hospitales de Coronel Oviedo e Encarnación.
Uno de los proyectos relevantes adjudicados por Centurión es la “Ruta de la Soberanía”, otorgada en cuatro lotes por casi US$ 200 millones, que incluye catastro, indemnización, construcción y mantenimiento de la pavimentación del tramo Pedro Juan Caballero - Zanja Pytã - Capitán Bado - Itanará - Ypejhú (ID 438.107). Sin embargo, hasta ahora no registra avances.
Esta adjudicación ya fue cuestionada, pues uno de los lotes se adjudicó a la empresa mexicana Calzada Construcciones SA, vinculada con políticos en el país, por G. 384.595 millones.
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Si bien los gremios de la construcción señalan una leve recuperación en el sector tras años difíciles, la pesada carga de deudas persiste y el MOPC hasta dejó de publicar los montos su ejecución presupuestaria, lo que sería justamente por la baja inversión.
El Estado adeuda unos US$ 150 millones por certificados de obra e intereses acumulados por retrasos en los pagos. Esta situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, según alertó hace unas semanas el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke.
Del total adeudado, más de US$ 100 millones corresponden a certificados de obra de 2024 y 2025, es decir, compromisos del actual Gobierno. A esto se suman US$ 50 millones en intereses heredados del periodo anterior, que aún no fueron saldados.
Esta situación habría generado enfrentamientos entre el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, y la ministra Centurión. El primero advirtió sobre el cumplimiento del tope de déficit fiscal y pidió “mostrar gestión con esta regla”, criticando la postura de Centurión, quien responsabilizó a las restricciones fiscales del bajo nivel de ejecución de nuevas obras de infraestructura.
Aplazado en transporte público
El transporte público es otro punto negativo en los dos años de Gobierno de Peña. Desde su asunción ya se registraron dos amenazas de paro por parte de los gremios del sector, sin que hasta ahora haya mejoras reales. Las reguladas siguen castigando a miles de pasajeros, que deben soportar largas esperas para poder trasladarse al trabajo, la educación o la atención médica.
La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA) viene denunciando que el conflicto entre empresarios y autoridades persiste y afecta directamente a los usuarios. Señala que las inversiones y mejoras en el transporte público del actual Gobierno son prácticamente nulas y que la reforma anunciada meses atrás, hoy en debate en el Congreso, podría terminar en la nada.
La asociación insiste en que no hace falta una nueva ley para mejorar el servicio, sino que el Gobierno debería priorizar la renovación de la flota, la implementación de carriles exclusivos para buses, paradas establecidas, transbordo gratuito y reingeniería de itinerarios, ya que actualmente muchos usuarios están aislados por recorridos abandonados.
