El proyecto de ley de presupuesto 2026 está en su etapa de consolidación final para su presentación al Congreso, a más tardar el 1 de setiembre.
Aunque el MEF no da mayores detalles del contenido del proyecto, las autoridades aseguran que se cumplirá el tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El viceministro de Economía y Planificación del MEF, Felipe González Soley, fue consultado ayer sobre el margen disponible para aumentar el gasto sin afectar el referido tope de déficit.
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Según González Soley, el MEF estableció los topes de gastos generales y que los aumentos los evaluarán para los sectores considerados por el gobierno como prioritarios.
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Agregó que esto lo harán como ya lo señalaron el presidente de la República, Santiago Peña, y el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, garantizando el cumplimiento del plan de convergencia fiscal al 1,5% del PIB.
Ampliaciones tendrán su impacto
La escueta respuesta sobre el PGN 2026 la dio ayer por el viceministro tras la conferencia de prensa virtual realizada para la presentación del informe de “Situación Financiera” del gobierno central al mes de julio.
Según el referido informe, al cierre del séptimo mes del año el déficit fiscal acumulado sumó US$ 221 millones, que representa 0,5% del PIB; mientras que el anualizado (12 meses) se situó en 2,6% del PIB, por encima aún de la meta prevista para el cierre del año de 1,9% del PIB.
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Los datos extraoficiales manejados anticipan que el gasto público tendrá un importante aumento el próximo año, principalmente en los gastos rígidos, como salarios, jubilaciones y pensiones.
Hay ampliaciones que otorgaron este año para creación de cargos, salarios, bonificaciones que deberán impactar en el proyecto 2026, así como los reajustes por la variación del sueldo mínimo para el personal administrativo, policías, militares, gobernadores y miembros de Juntas Departamentales, jubilados y pensionados.
Programas prioritarios
Los programas considerados prioritarios por el gobierno de Pena en el presupuesto vigente son salud, educación, protección social y seguridad.
A pesar de que son prioridades del gobierno, todos estos sectores tienen falencias en los servicios y los recursos no alcanzan para atender las necesidades de la población.
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Los hospitales públicos son blancos de críticas debido a la falta de medicamentos y de buena atención y las deudas se acumulan con los proveedores.
Todavía hay niños que dan clases bajo árboles, así como escuelas con problemas de infraestructura que ponen en peligro a los alumnos.
También la falta de seguridad que sufre la ciudadanía, aun con el aumento de la cantidad de efectivos en la Policía Nacional y se le haya otorgado un mayor presupuesto, la delincuencia no disminuye.