Proyecto que busca controlar precios de carne pasa a comisiones para su estudio

El proyecto de Ley que plantea controlar los precios de carnes, presentado por el senador Ever Villalba, fue enviado a diversas comisiones para su estudio. La propuesta fija un tope del 10% de utilidad sobre el costo de tres cortes populares: costilla, puchero y carnaza. El objetivo es garantizar el acceso a una alimentación adecuada y digna.

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El proyecto de ley que establece un régimen de protección al consumo interno de cortes populares de carne bovina fue girado este miércoles 30 de julio a varias comisiones del Senado para su estudio.

La iniciativa, presentada por el senador Ever Villalba, propone fijar un margen máximo del 10% sobre el costo comprobado de producción y distribución de tres cortes básicos: costilla, puchero y carnaza de primera.

El texto fue remitido a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Derechos Humanos; Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana; Industria y Comercio; y Desarrollo Social. Estas instancias tendrán a su cargo el análisis técnico y político del documento antes de su tratamiento en el pleno.

Acceso justo a la carne sin intervenir precios

La propuesta no establece precios rígidos, sino que limita el margen de utilidad sobre los cortes mencionados, exclusivamente para el mercado interno. El objetivo es garantizar una alimentación adecuada, nutritiva, accesible y digna, conforme al principio de dignidad humana.

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Además, se contempla que el Poder Ejecutivo pueda otorgar incentivos fiscales, logísticos y comerciales a frigoríficos y comercios que colaboren con esta política, especialmente aquellos que operan en zonas rurales o vulnerables.

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) será la autoridad competente para fiscalizar, controlar y aplicar sanciones, mediante procedimientos sumarios, controles aleatorios y recepción de denuncias.

El proyecto establece que, de ser aprobado, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 60 días desde su promulgación.

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