La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, defendió hoy el proyecto de ley para la reforma del transporte público, destacando el nuevo esquema que se busca implementar y, sobre todo, enviando un mensaje claro al sector empresarial que actualmente opera el servicio: “Los que no quieren ser parte de la reforma se terminarán, es decir, esas empresas culminarán sus itinerarios hoy concedidos y no se les renovarán las concesiones”, advirtió.
Fue en el marco de la reunión de la Mesa Directiva del Senado, donde la ministra respondió las inquietudes de los parlamentarios que buscan estudiar cuanto antes el proyecto normativo presentado por el Ejecutivo la semana pasada.
Centurión explicó que la iniciativa actualmente en debate establece un nuevo modelo para la provisión y operación de buses, compuesto por dos elementos: la provisión de la flota mediante un sistema de “leasing operativo” y la operación pagada por kilómetros recorridos y pasajeros transportados, ambos totalmente administrados bajo nuevas reglas impulsadas desde el Estado. En ambos casos, las concesiones se adjudicarán mediante licitación pública.
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“Queremos que aquellos empresarios que estén dispuestos a adaptarse a estas reglas y que deseen ser parte del nuevo sistema de transporte, tengan la oportunidad de ofrecer sus servicios”, señaló, dejando en claro que la exclusión será para aquellas empresas que no se sumen a la reforma.
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El Estado también podrá comprar y operar los buses
El proyecto de ley también otorga al Estado la facultad de crear una sociedad estatal que, de ser necesario, podrá encargarse de operar los buses, además de adquirir las unidades en caso de que el sector privado no demuestre interés.
Consultada sobre esta posibilidad, la ministra insistió en que el modelo propuesto prioriza una alianza público-privada, donde el Estado fija las reglas del juego y el sector privado invierte en la operación y provisión de buses, asumiendo el Estado el pago de las inversiones realizadas durante el plazo de quince años previsto para las concesiones.
La ministra explicó que el nuevo sistema contempla el pago diferido de la adquisición de los buses, similar a la compra de un auto en cuotas. “La flota estará disponible bajo las condiciones que establece el Estado, y se irá pagando una cuota como cuando uno adquiere un vehículo a través de un leasing. De esa manera, se asegura que los buses estén siempre en condiciones óptimas y se cumplan los estándares exigidos para el servicio”, detalló.
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Centurión también subrayó que el Estado también podrá comprar los nuevos buses, pero que su rol principal será la administración de los ingresos provenientes de los pasajes y subsidios, que serán canalizados a través de un fondo fiduciario gestionado por la AFD y regulado por el MOPC. De esta manera, se busca garantizar la estandarización de la flota, un mejor servicio para el usuario y transparencia en el manejo de los recursos.
No se prevé aumento del pasaje
“No buscamos un aumento del pasaje”, enfatizó la ministra, asegurando que la nueva ley permitirá la integración tarifaria y facilitará los trasbordos sin costos adicionales para los usuarios. A largo plazo, se espera que un mejor servicio atraiga a más pasajeros, lo que permitirá reducir progresivamente el subsidio estatal, acotó.
Finalmente, la ministra justificó la urgencia y la firmeza de la reforma: “Queremos cambiar las reglas para garantizar un mejor transporte, y quienes no deseen sumarse al sistema tendrán que dejar de operar”, concluyó.