El gobierno de Santiago Peña presentó ayer ante el Congreso el proyecto de ley de reforma del transporte público, cuya implementación será gradual y demandaría un total de cuatro años para completarse. Entre los puntos más destacados figura la concesión, mediante licitación pública, de los diferentes componentes del sistema a empresas que podrán operar entre 15 y 20 años.
La propuesta contempla la adjudicación de cuatro componentes principales, que podrán licitarse de forma combinada o separada: provisión de flota, provisión de infraestructura, operación de unidades funcionales y servicios complementarios.
El Estado, bajo este esquema, asumirá la adquisición de los buses —a través de una concesión a una empresa proveedora—, que luego serán puestos a disposición de los operadores seleccionados. Tanto la provisión de buses como la operación tendrán contratos con una duración máxima de 15 años, adjudicados mediante licitación pública.
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Buses con menos de 15 años podrán ser parte del sistema
De acuerdo al proyecto, bajo criterios de razonabilidad, se podrá exigir el uso de vehículos de cero o bajas emisiones. Además, la flota destinada al servicio de transporte público no podrá tener buses con más de 15 años de antigüedad.
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“Los servicios de provisión de flota incluirán, entre otros: la adquisición o puesta a disposición de la flota mediante modalidades contractuales adecuadas a los usos del negocio y la entrega de la flota al operador. Igualmente, deberán garantizar el suministro oportuno de repuestos, herramientas, equipos e insumos necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo”, señala el borrador del plan normativo.
Concesiones para provisión de infraestructura y servicios complementarios
La reforma contempla también la concesión para la provisión de infraestructura a través de contratos de hasta 20 años para la gestión de patios, terminales, estaciones y centros de recarga, entre otros. “Estos servicios deberán asegurar que la infraestructura cumpla con las normativas técnicas vigentes y se adapte a las necesidades operativas y tecnológicas que demande el servicio”, se indica en el documento.
Por otro lado, los servicios complementarios, como la gestión tecnológica y la fiscalización, también serán concesionados por 15 años para la provisión de tecnología, inspección técnica vehicular, evaluaciones psicotécnicas para conductores y otros servicios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de transporte.
¿Qué son las unidades funcionales?
Asimismo, la operación del servicio se organizará en unidades funcionales —rutas troncales, alimentadoras, ramales y circulares— que serán concesionadas a diferentes empresas mediante licitación. Estas empresas se encargarán, como mínimo, de la programación y despacho de la operación, la gestión de personal, así como del control y mantenimiento de la flota, entre otros aspectos.
Según el Viceministerio de Transporte, se prevé reducir las actuales 36 líneas a solo 10 empresas operadoras, además de implementar la integración tarifaria, que permitirá realizar varios viajes con un solo pasaje.
Fideicomiso financiará en el largo plazo
Un aspecto clave será la creación del Fideicomiso de Administración del Financiamiento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, que será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y financiado tanto por el billetaje electrónico (pasajes de los usuarios) como por aportes estatales. Este fondo centralizará los pagos a los concesionarios, mientras que el Estado asumirá los desembolsos no cubiertos por el pasaje a través de subsidios.
Sin embargo, aún persiste la duda sobre cómo se financiará inicialmente el plan, ya que se prevé la compra de al menos 1.000 buses —un monto que, en su momento, se pensó financiar con recursos de Itaipú—. Posteriormente, el Ejecutivo solo aseguró que la tarifa técnica del pasaje (pasaje y subsidio) será la encargada de sostener todo el sistema.
Según el proyecto, el Poder Ejecutivo fijará la tarifa al usuario o pasaje, a propuesta del MOPC.
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¿Qué pasará durante la transición?
Durante la transición, los operadores actuales continuarán brindando el servicio hasta que venzan sus contratos o permisos, mientras que las nuevas unidades funcionales serán implementadas de manera gradual. El Ejecutivo también podrá definir nuevos mecanismos para calcular la tarifa técnica, el pasaje para el usuario y la remuneración de los prestadores.
Finalmente, el proyecto declara al transporte público metropolitano como un servicio esencial, garantizando su prestación continua y regular.