La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, presentó el proyecto de ley para la reforma del transporte público de pasajeros, que será presentado hoy en el Congreso.
El plan contempla tres componentes principales, cada uno a ser licitado de forma separada o combinada: provisión de flota (buses), provisión de infraestructura (estaciones y terminales) y operación en unidades funcionales (troncales principales), que serán gestionadas por diferentes empresas privadas. Se apunta a reducir las actuales 36 líneas a 10 empresas y permitir la integración tarifaria, es decir, realizar varios viajes con un solo pasaje.
La renovación de buses será gradual, priorizando unidades más eficientes y ecológicas, aunque aún no está claro el origen de los recursos para la compra. Inicialmente, se mencionó un monto de US$ 300 millones de Itaipú para adquirir 1.000 buses, pero en la última presentación no se detalló la fuente de financiamiento.
Estado suscribirá contratos
Centurión enfatizó que una de las transformaciones clave es separar la provisión de flota de la operación del servicio, quitando a los operadores actuales la carga de renovar y comprar unidades. El Estado suscribirá contratos diferenciados para la provisión y operación de los buses, los cuales serán bienes del sistema.
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La ministra expresó que el nuevo sistema evitaría las amenazas de paro, enfatizando que “ya nadie se va a enojar en este partido y va a agarrar la pelota y va a osar a decirnos que no se va a otorgar el servicio”.
Además, insistió en que la reforma contempla la incorporación de nuevas tecnologías, centros de monitoreo e información en tiempo real, de modo que los usuarios podrán consultar desde su celular cuánto falta para la llegada de su bus y así planificar sus viajes.
Fideicomiso de financiación a largo plazo
La propuesta incluye la creación de un “Fideicomiso de Administración del Financiamiento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros”, manejado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Este fondo administrará los recursos necesarios para el funcionamiento y renovación del sistema, incluyendo pagos a operadores y prestadores de los diferentes componentes.
El fideicomiso se financiará con ingresos del pasaje a través del billetaje electrónico, recursos del Fondo de Promoción del Transporte Eléctrico (proveniente del 10% de lo recaudado del impuesto selectivo al consumo de combustibles), multas a empresas de billetaje, créditos presupuestarios, donaciones y otras fuentes autorizadas.
Un servicio imprescindible
El flujo estimado requerido para los próximos cinco años sería de US$ 250 millones, aunque no se precisó cuánto de esta cifra sería cubierto por el pago de los usuarios. Lo que sí queda claro es que el monto del pasaje no cubrirá la inversión necesaria, por lo que el Estado subvencionará los recursos que hagan falta.
El proyecto define al transporte público como un servicio imprescindible, cuya interrupción será considerada una infracción grave. La fijación de tarifas será responsabilidad del Poder Ejecutivo, a través del MOPC y el MEF, buscando la tarifa integrada para facilitar la movilidad de los usuarios.