El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) convocó a una reunión tripartita entre el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) y el Viceministerio de Transporte, encabezado por Emiliano Fernández, con el objetivo de lograr una conciliación y desactivar el paro anunciado por ambos gremios.
El encuentro se realizará hoy, lunes, a partir de las 15:30 en la sala de reuniones del MTESS. Las autoridades buscan continuar el diálogo con los empresarios del transporte y evitar la medida de fuerza anunciada para los días lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de julio, por un periodo de 72 horas.
El viceministro Fernández sostuvo que el paro convocado por Cetrapam y Ucetrama es “ilegal”, porque no tiene fundamento y que existen mesas abiertas para el diálogo. Afirmó que el Gobierno no cederá ante presiones y advirtió que podrían recurrir al ámbito judicial para frenar la medida.
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Ley que castiga amenaza de paro y reguladas sigue sin aplicarse
No obstante, el propio viceministro reconoció que hasta el momento el Poder Ejecutivo no reglamentó la Ley N.º 6789/2021, que sanciona tanto la amenaza de paro como la suspensión arbitraria o regulada del servicio por parte de los transportistas. Señaló que, aunque la norma está vigente, no fue reglamentada, y que este será uno de los temas a tratar durante la negociación.
La ley establece que cualquier amenaza o extorsión para no prestar el servicio puede ser considerada como coacción, conforme al artículo 120 del Código Penal, y como perturbación de servicios públicos, según el artículo 218 del mismo cuerpo legal. A pesar de ello, hasta ahora el Ministerio Público no ha intervenido ante las amenazas de paro.

Lo que hay detrás del conflicto
En este conflicto, los empresarios exigen cinco puntos principales: el pago inmediato del subsidio correspondiente a los meses de mayo y junio, que asciende —según Cetrapam— a unos US$ 8 millones; la actualización de la tarifa técnica del pasaje, argumentando que el 71% de los coeficientes no fueron actualizados; y que este cálculo se realice en base al manual de la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP) de Brasil, especialmente en el coeficiente de remuneración empresarial. Además, exigen la emisión de un decreto que garantice el pago del subsidio como máximo hasta el día 20 de cada mes y que la subvención se transfiera directamente a las tarjetas de los usuarios, eliminando el pago a las empresas.
Pero para el Gobierno, la deuda vencida corresponde únicamente al mes de mayo, por US$ 3,9 millones, que debía abonarse en junio (con un retraso de 14 días hasta hoy), y según el Viceministerio de Transporte, el subsidio de junio aún no está vencido, conforme al Decreto 710/2023, que establece un régimen de subsidio para el transporte público de pasajeros
La institución dirigida por Fernández afirmó que ya actualizó 12 coeficientes de la tarifa técnica, que representan más del 80% de la estructura de costos, y considera que el manual de la ANTP es una referencia válida, pero que sus costos deben adaptarse a la realidad local. Señaló que el sistema brasileño es muy diferente al paraguayo, por lo que no se pueden aplicar todos los coeficientes de forma inmediata.
Asimismo, explicó que el Decreto 710/2023 ya regula el pago del subsidio por mes vencido, con una tarifa promedio calculada en base a los seis meses anteriores. En cuanto a la propuesta de transferir la subvención directamente a las tarjetas de los usuarios, la institución señala que esto implicaría cambios financieros y tecnológicos complejos. “No se puede implementar solo por pedido del gremio, sin un estudio integral”, sostuvo Fernández.