El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) resolvió ayer, en una asamblea general realizada en su sede, iniciar un paro del transporte público desde el lunes 21 hasta el miércoles 23 de julio, es decir, por un plazo de 72 horas. La medida se toma en medio de crecientes tensiones con el Gobierno, a quien acusan de incumplir acuerdos previos y “desatender” la situación crítica del sistema.
Durante la reunión, el gremio no solo ratificó sus reclamos iniciales —el pago de subsidios vencidos y la actualización de la tarifa técnica—, sino que sumó nuevas exigencias, como el cumplimiento de compromisos asumidos en junio del año pasado, tras otra amenaza de paro, como la aplicación de criterios internacionales, concretamente de Brasil, para el cálculo del pasaje.
El vocero de la asamblea, César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, señaló que el Viceministerio de Transporte (VMT), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no cumplió con lo pactado durante una tripartita realizada hace más de un año en el Ministerio de Trabajo, tras una amenaza de paro que finalmente se había levantado.
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Lo que ahora exige el gremio
- El pago inmediato del subsidio correspondiente a los meses de mayo y junio, que asciende —según Cetrapam— a unos US$ 8 millones.
- La actualización de la tarifa técnica del pasaje, cuyos coeficientes consideran desfasados.
- Que el cálculo se base en los criterios de la Asociación Nacional de Transporte Público de Brasil.
- La emisión de un decreto que garantice el pago del subsidio como máximo hasta el día 20 de cada mes.
- Que la subvención se transfiera directamente a las tarjetas de los usuarios, eliminando el pago a las empresas.
El VMT, encabezado por Emiliano Fernández, sin embargo, asegura que la deuda vencida corresponde únicamente al mes de mayo, por un monto de US$ 3,9 millones, que debía pagarse en junio. Según dicha institución, el subsidio correspondiente a junio aún no está vencido, ya que, según el decreto 710/2023 —que regula el esquema de pagos—, se dispone de todo el mes de julio para realizar el desembolso.
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Alcance del paro
Ruiz Díaz informó que harán la comunicación oficial del paro a las instituciones correspondientes como el MOPC, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el VMT y el juzgado pertinente. Según indicó, esta medida se ajustará a la Constitución Nacional y las leyes laborales, y el gremio está dispuesto a acudir a instancias de conciliación si son convocados.
El dirigente aseguró que Cetrapam tiene un “potencial” de 1.500 buses que se sumarán al paro, lo que representaría más del 70% del servicio total. No obstante, datos oficiales del VMT indican que el gremio cuenta con unos 1.200 buses. Por su parte, el gremio Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama)—que posee 220 unidades— definirá hoy si se adhiere o no a la medida. La Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram), que cuenta con 320 buses, ya adelantó que no se sumará.
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Tarifas congeladas y sin actualización
El gremio también cuestiona la falta de actualización de la tarifa técnica del pasaje, que define el precio final que paga el usuario y el monto del subsidio estatal. Las últimas cifras corresponden junio del 2024, cuando se fijó la tarifa técnica en G. 4.333 para buses convencionales y G. 5.723 para los buses con aire acondicionado. Actualmente, los usuarios pagan G. 2.300 y G. 3.400, respectivamente, y el Estado cubre la diferencia.
Medida desproporcionada
El viceministro Emiliano Fernández lamentó anoche la decisión de Cetrapam, señalando que aún hay margen para el diálogo. “Lamentamos profundamente el anuncio de esta medida de fuerza, que solo afectará a miles de usuarios que ya padecen un servicio deficiente. La decisión de ir a paro como forma de presión es desproporcionada”, expresó.
Fernández señaló que esperan que Ucetrama no se adhiera a la medida y reiteró que el VMT sigue apostando por las mesas técnicas como vía para resolver las diferencias. “Creemos que el camino sigue siendo el diálogo y que aún hay espacio para encontrar soluciones sin afectar a la ciudadanía”, concluyó.
Habría “otros intereses”
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, afirmó ayer que detrás de la amenaza de paro de transportistas podría haber “otros intereses”, considerando que el servicio ya se encuentra deteriorado por falta de buses. Señaló que, más que un chantaje, la medida de presión refleja un “mal servicio”. Si bien el Gobierno lleva 10 días de retraso en el pago del subsidio de mayo, cuestionó el reclamo de los empresarios.
Opama responsabiliza al Gobierno
La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana y Asunción (Opama), a su vez, sostuvo que el Gobierno de Santiago Peña debe asumir su responsabilidad y garantizar la movilidad de las familias trabajadoras los días que dure el paro.
Griselda Yudice, una de las voceras del gremio, expresó su preocupación por la decisión de la Cetrapam y acusó al gobierno de tener una gestión negligente que derivó en la crisis del transporte público.
“Este colapso y esta crisis que estamos viviendo hoy es entera responsabilidad del gobierno actual que, además de tener una gestión negligente, permite mantenerse en esta situación de pésimo servicio y de chantaje, y de castigar a la ciudadanía por un problema que tiene con el gobierno”, afirmó.
Yudice dijo que el gobierno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad de garantizar la movilidad de las familias trabajadoras y tomar algunas medidas, además de explicar por qué decide no pagar a tiempo el subsidio que está presupuestado para este año.