En el mercado laboral, a diferencia de otros mercados, la ley clásica de oferta igual a demanda no se cumple plenamente. El desempleo no desaparece incluso en situaciones de aparente equilibrio. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, desarrolló la teoría de los salarios de eficiencia, según la cual las empresas ofrecen remuneraciones superiores al salario de equilibrio con el fin de incentivar mayor esfuerzo, lealtad y productividad entre los empleados. Esta estrategia permite reducir rotación y mejorar el desempeño, al tiempo que impone un costo de oportunidad a quienes consideran cambiar de trabajo o disminuir su rendimiento.
En este contexto, el salario mínimo legal actúa como un piso por debajo del cual no se pueden pactar remuneraciones. Actualmente, en Paraguay este valor asciende a G. 2.798.309 y podría incrementarse en G. 100.739 en el próximo ajuste. Sin embargo, más allá del monto nominal, lo importante es entender los efectos que esta política puede provocar en el mercado laboral.
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Al establecer un mínimo obligatorio, las empresas con menor capacidad financiera, especialmente las del sector informal, se siguen viendo tentadas a operar fuera del marco legal, evitando cargas sociales y contribuciones. Este comportamiento ayuda a explicar por qué una proporción significativa de los trabajadores paraguayos no se encuentra registrada en el sistema de seguridad social. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que el 28% de la población ocupada cuenta con un seguro médico. De este grupo, alrededor del 20% se encuentra registrado en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el 7% en el sector privado.
Un incremento significativo del salario mínimo podría, por tanto, generar efectos contraproducentes. Si la demanda de trabajo es elástica, como ocurre en contextos de desaceleración o bajo dinamismo económico, las empresas podrían reducir su plantilla para compensar el aumento de los costos laborales. En cambio, si la demanda es inelástica, como sucede en momentos de crecimiento sostenido, el impacto sobre el empleo puede ser menor. Este análisis requiere observar no solo el nivel de salarios, sino también la estructura de costos empresariales, la evolución de la productividad y la calidad del capital humano disponible.
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También se ha planteado la posibilidad de ajustar el salario mínimo conforme a un “IPC laboral”, es decir, un índice de precios basado exclusivamente en la canasta de consumo de los trabajadores. Si bien esta medida podría reflejar ciertamente las necesidades del sector, su aplicación presenta riesgos en contextos de alta volatilidad. Los precios de productos básicos como verduras o tubérculos tienden a registrar fluctuaciones abruptas, lo que podría trasladarse directamente a ajustes salariales inestables, dificultando la planificación tanto para empleadores como para trabajadores.
Por otro lado, se reconoce que el bajo nivel de calificación de buena parte de la fuerza laboral paraguaya limita su acceso a empleos más productivos y mejor remunerados. De hecho, esta brecha ha motivado la contratación de mano de obra extranjera en sectores que requieren mayores habilidades técnicas, lo cual agrava la exclusión laboral interna.
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Por tanto y a modo de incorporar más elementos para el análisis, la política salarial no puede abordarse de forma aislada. Debe integrarse dentro de una estrategia más amplia que contemple capacitación laboral, fomento a la formalización, alivio tributario para pequeñas empresas y sostenibilidad fiscal.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.