La tensión se arrastra desde finales de marzo, cuando medios brasileños revelaron que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) espió a funcionarios paraguayos en plena negociación de la tarifa de Itaipú. El gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva reconoció que la operación existió entre junio de 2022 y marzo de 2023, pero descaro la responsabilidad del hecho sobre la administración anterior, la de Jair Bolsonaro.
La reacción del Gobierno paraguayo fue suspender indefinidamente las negociaciones del Anexo C y convocar tanto a su embajador en Brasil como al representante brasileño en Asunción. “La confianza es un pilar insustituible en las relaciones internacionales”, decía el canciller Rubén Ramírez Lezcano, quien también denunció la violación al derecho internacional.
Desde entonces, Paraguay espera una respuesta formal. Ayer, al ser consultado por ABC sobre el tema, un vocero de la Cancillería Nacional fue tajante: “No hay nada nuevo. Brasil todavía no respondió y se espera que lo haga en breve”.
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Mientras tanto, en Brasil, la presión va en aumento. El miércoles último, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, advirtió durante una reunión del directorio de Itaipú que, si no hay avances en el cumplimiento del acuerdo de firmar para esta fecha el nuevo Anexo C, el acuerdo tarifario alcanzado en mayo de 2024 podría quedar en suspenso. Incluso amenazó con retroceder a una tarifa más baja: de US$ 16,19 por kW/mes, en lugar de los US$ 19,28 actualmente pactados, según publicaron algunos medios periodísticos del vecino país, como la Agencia Infra y Megawhat.
Según las citadas publicaciones, Silveira declaró que el congelamiento de las negociaciones constituye un “incumplimiento” del acuerdo firmado el año pasado, que preveía la firma del nuevo Anexo C antes de fin de 2024. Como ese plazo no se cumplió, ambas partes acordaron como la nueva fecha el 30 de mayo de 2025, que tampoco se cumplió.
El Anexo C de Itaipú
El Anexo C define cómo se comercializa la energía generada por Itaipú. Paraguay y Brasil reciben la mitad de la producción cada uno, pero Paraguay cede su excedente a Brasil a cambio de una simbólica compensación. Este punto ha sido motivo de tensiones históricas, que ahora se amplifican en medio de acusaciones de espionaje y presión política.
En abril, el Gobierno paraguayo exigió oficialmente al embajador de Brasil un informe completo sobre la operación de la Abin. Hasta el momento, no se conoce la respuesta formal por vía diplomática, aunque Itamaraty reconoció públicamente la existencia del espionaje bajo el gobierno de Bolsonaro.
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Mientras tanto, el tiempo corre. Hoy vence el plazo acordado para la firma del nuevo Anexo C, pero lo concreto es que no habrá firma, ni reanudación de las negociaciones si Brasil no da las explicaciones sobre el espionaje denunciado, aunque ahora ya se habla de posibles represalias económicas. En este contexto cabe resaltar que si la tarifa de Itaipú baja, también se afectarán los fondos destinados a gastos sociales y ambientales, que deberían ser de US$ 650,9 millones por año, que había sido considerado por el presidente Santiago Peña como un logro histórico de su gobierno.
El 1/04 pararon negociaciones
El día 1 de abril último, el Gobierno del Paraguay suspendió temporalmente toda negociación relacionada con el Anexo C del Tratado de Itaipú, hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes sobre la acción de inteligencia ordenada contra nuestro país en 2022, informaba en conferencia de prensa el canciller Rubén Ramírez Lezcano.