Las centrales obreras, con frecuencia, resaltan que el incremento anual del salario mínimo no refleja la verdadera inflación anual en la canasta básica familiar de los trabajadores. En ese sentido, el director de Trabajo del Ministerio del Trabajo, Enrique Galeano, explicó que el incremento se hace teniendo en cuenta el Índice de Precios del Consumidor (IPC), elaborado por el Banco Central del Paraguay, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Agregó que el INE elabora la canasta básica familiar y encuesta a aproximadamente 5.000 familias del país. “Hay productos que se encarecieron más, pero otros que no sufrieron variación o se redujeron, entonces eso compensa. Y ese es el gran reclamo de la clase obrera, que los componentes con más ponderación, como los alimentos, se disparan, pero otros se mantienen en ciertos niveles, lo que hace que tenga se una sensación de que el IPC no es real, pero está compuesto de manera técnica, existe rigor científico”, declaró en ABC Cardinal.
Aseguró en ese contexto que este año el Banco Central del Paraguay trabaja para actualizar los hábitos de consumo, retirar productos que ya no se consumen y sumar nuevos.
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“Las indicaciones son construir nuevos indicadores, más dirigidos a una canasta básica de la clase obrera trabajadora y media. Se está trabajando con técnicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), funcionarios del Banco Central y el Ministerio de Economía para construir nuevos indicadores económico que puedan reflejar con mayor precisión los productos esenciales, que serían alimentación, frutas, verduras, carne, lo que tiene más impacto en una economía de menor poder adquisitivo, pero también hay que combatir la informalidad con políticas públicas”, manifestó.
Suba beneficia a pocos pero impacta en todos
En otro momento, recalcó que el ajuste del salario mínimo solo beneficia al 30% de la población formalizada, pero impacta al 100% de los trabajadores, debido al incremento de los precios que se registra cada año luego del anuncio de esta suba.
“Aquel que gana por debajo del sueldo mínimo, que no está registrado en la seguridad social, que está dentro de la economía informal, no va a obtener ese beneficio, ese reajuste; sin embargo, va a tener que absorber la suba de precios, entonces el problema de fondo es la informalidad”, manifestó y dijo que aproximadamente 60% de los trabajadores percibe menos que el salario mínimo.
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Por otra parte, resaltó que la suba salarial impacta con fuerza en la clase media, que no percibe menos que el salario mínimo, pero pierde poder adquisitivo cada año. “En Paraguay el salario mínimo es el piso, pero funciona también como techo, entonces el promedio de los salarios en Paraguay, es de G. 3.000.000, está muy cerca del salario mínimo que está G. 2.798.309 y con un ajuste se va a acercar a tres millones. Y esa gente que gana tres no va a sufrir incremento, pero va a perder valor adquisitivo“, planteó.
En ese contexto, dijo que programas transversales como Hambre Cero y la pensión de adultos mayores genera redistribución de las riquezas y, al aumentar la capacidad de consumo, se abren despensas, se otorgan créditos y mejora la economía de los barrios. “Hay que comenzar con programas transversales y ser agresivos con la formalización”, señaló sobre ese punto.
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¿Cuándo se definirá el ajuste salarial?
Por otra parte, con respecto a cuándo se iniciarán los debates para el ajuste salaria, explicó que el representante obrero que integraba el Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam) presentó su renuncia y las centrales obreras propusieron en su reemplazo a Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A). “Que es un histórico dirigente también. Ya estamos remitiendo la propuesta de la actualización de los miembros del Consejo al Poder Ejecutivo, luego de que salga el decreto de confirmación, procederemos a convocar a la primera reunión del Consejo ”, declaró.
Agregó que, a partir de ahí, se establecerá un procedimiento de trabajo y se pedirán informes al Banco Central del Paraguay sobre la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC). Luego, se realizará el análisis técnico y se debe enviar la propuesta al Poder Ejecutivo antes del 30 de junio.