Lo declarado esta semana por el ministro de Economía no cayó bien en el sector de policías y militares, los que a través de sendos comunicados rechazaron el intento de responsabilizar a los uniformados del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.
“Repudiar enérgicamente las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas, en las que afirma que los jubilados de las Fuerzas Públicas representan una carga excesiva para el Presupuesto General de Gastos de la Nación”, señala el pronunciamiento de la Asociación de Suboficiales Retirados de la Policía Nacional.
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A criterio de la referida asociación, las declaraciones de Fernández Valdovinos son injustas y desconsideradas, porque ignoran el servicio y sacrificio de los jubilados de las fuerzas públicas al país.
También sostiene que son desinformadas, porque no reflejan un análisis preciso del impacto presupuestario de las jubilaciones y, lesivas, atendiendo que atentan contra la dignidad y el reconocimiento merecido de los jubilados de las fuerzas públicas de rango constitucional.
La asociación, finalmente, exige una rectificación pública por parte del ministro Fernández Valdovinos y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos y el bienestar de sus asociados.
En este mismo sentido también ya se manifestaron la Agremiación Frente de Unidad de Policías Retirados del Paraguay, así como la Asociación de Jubilados de las Fuerzas Armadas de la Nación (Asojufan).

Déficit de la Caja Fiscal
Fernández Valdovinos declaró que las jubilaciones para gente menor a 65 años de edad, especialmente de policías y militares, alcanzan alrededor de US$ 123 millones anuales y es la causa principal del déficit en la Caja Fiscal.
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La Caja Fiscal, al cierre del primer trimestre del año, acumula un déficit de G. 607.666 millones (US$ 76,1 millones al cambio vigente), que representa una diferencia del 43% entre los ingresos obtenidos en concepto de aportes y el pago de las jubilaciones y pensiones.
El ente previsional del sector público está compuesto por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, maestros, militares y policías.