En la Cámara de Diputados, se realizó este jueves una audiencia pública para debatir sobre la “Situación del Transporte”, donde participaron organizaciones de pasajeros, representantes del Gobierno y empresarios del sector.
Durante la reunión, encabezada por el diputado Raúl Benítez, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) hizo hincapié en que la ciudadanía necesita respuestas acerca de cuándo finalmente se pondrá en marcha la reforma, tras varias promesas incumplidas del Gobierno, mientras la población sigue sufriendo a causa de un sistema de transporte ineficiente.
Mauricio Maluff, representante de Opama, señaló que pareciera incluso que otros sectores del Gobierno están “trabajando en contra” de la reforma al transporte público y se refirió así a la propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de construir una autopista elevada en Luque, que no solo sigue fomentando la utilización de vehículos particulares, sino que cubre el mismo trayecto del proyecto del tren de cercanías. “Me parece un ‘contrapropósito”, añadió.
Lea más: Transporte público: MOPC presentará en marzo proyecto de ley de reforma
Recordó además que comentarios como el que realizó el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, sobre eliminar el subsidio a los transportistas solo “generan preocupación”. “No guarda relación con lo que se deba hacer. El Gobierno está trabajando por la reforma, pero pareciera que cada uno por su lado. Nos preocupa eso también, sobre todo con la urgencia y la necesidad de que haya una coordinación para que haya un cambio real”, expresó.
A esta voz se sumó otra de las voceras de Opama, Griselda Yúdice, quien lamentó que pasajeras y pasajeros no tengan “la voluntad política a su favor” en términos de la puesta en marcha de la reforma del transporte público. “Claramente, desde que inició este periodo de Gobierno se han acercado propuestas de organizaciones, técnicos, estudios, etc. El Viceministerio de Transporte y, por ende, el Gobierno tienen todas las alternativas para empezar a mejorar el servicio, pero hasta ahora no lo han hecho, ya han pasado dos años de promesas. La reforma no termina de presentarse formalmente al Congreso, cuánto más quieren que los pasajeros sigan sufriendo”, cuestionó.
Prometen presentación en mayo
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, señaló a su turno que “la reforma no se hace en una semana” y que aún se está trabajando en ella, con la incorporación de todas las observaciones que hicieron los ciudadanos durante el proceso de socialización del anteproyecto de ley.
“Esperamos (presentarla al Congreso) en mayo. Tenemos que pasar por la instancia de la Presidencia de la República, que va a tener sus consideraciones para poner posteriormente el anteproyecto a tratamiento parlamentario. Allí, nuevamente vamos a tener una discusión con todos los sectores. Creemos que esa es la forma responsable de trabajar una ley bastante importante, sensible y de amplio alcance”, mencionó.
Lea más: Opama se opone a la eliminación del subsidio del transporte público, ¿por qué?
Subsidio a transportistas
En el marco de la audiencia pública, se consultó al sector empresarial sobre el impacto del subsidio en el servicio de transporte que se brinda a la ciudadanía, luego de que el ministro de Economía y Finanzas propuso la eliminación de este pago, a partir de una “reingeniería del sistema”.
Al respecto, César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), mencionó que el subsidio no se instauró a los efectos de “mejorar el servicio”, sino que representa la “devolución del dinero que el empresario ya invirtió para sostener la operación durante el mes”.
“El servicio es una parte del costo que el Gobierno, por decisión política, decide instrumentar con base en un contrato de adhesión, en donde el empresario de transporte está obligado a firmar, si quiere operar. Si quieren córtenlo, castigando a los pasajeros, a no ser que subsidien en las tarjetas de las personas que viajan”, expresó.
Plan de reforma prevé varios componentes
En general, el borrador del proyecto de ley de reforma al transporte público prevé varios componentes que serán adjudicados a diferentes empresas privadas, mientras que el Estado será responsable de la adquisición de los buses.
Lea más: Reforma del transporte público: Estado deberá garantizar remuneración de diferentes prestadores
Los activos que serán administrados por distintas empresas privadas incluyen: la operación de los itinerarios (unidades funcionales), la provisión de la flota de buses, la infraestructura para estaciones y terminales, así como los servicios complementarios necesarios para la operación, como los tecnológicos de recaudación (billetaje).
Cada prestador deberá recibir sus remuneraciones correspondientes y para estos pagos, se creará un fideicomiso en el que el Estado depositará, con un año de antelación, los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de las empresas adjudicadas, atendiendo a que el precio del pasaje no será suficiente para cubrir las inversiones previstas.
Según el Gobierno, la reforma busca mejorar la seguridad y eficiencia del sistema mediante innovaciones tecnológicas, como la integración tarifaria para trasbordos con costos reducidos, ajustes en los itinerarios y una mayor cobertura.