La disposición forma parte del Decreto N.º 3813, que emitió la Presidencia de la República el último viernes, 25 del presente mes.
A través del decreto se establecen los lineamientos generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales.
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Estos anteproyectos servirán como marco de referencia para la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 y para la programación del presupuesto plurianual 2026-2028.
Programación de ingresos
En el capítulo de programación presupuestaria, en lo referente a los ingresos, establecen que se deberán considerar los criterios para la asignación de los montos en recursos del Tesoro, recursos del crédito público y recursos institucionales.
Con respecto a los recursos de la Tesorería General, se indica que serán determinados por el MEF y asignados como montos globales en el sistema integrado de programación presupuestaria y el módulo de presupuesto público para cada organismo y entidad del Estado.
En cuanto a los gastos financiados con recursos del crédito público o endeudamiento, señala el decreto que deberán programarse de acuerdo con los techos establecidos por el MEF, dentro del marco de la meta de déficit fiscal de la administración central.
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Los recursos institucionales, por su parte, deberán programarse las posibilidades reales de recaudación de los ingresos, sustentadas en las estadísticas históricas, evolución reciente y proyecciones plurianuales.
Sobre este último punto, refiere que no podrán programarse ingresos sin respaldo legal vigente y el MEF podrá ajustar las proyecciones de ingresos propios si no resultan consistentes.
Plan de convergencia fiscal
El gobierno central está en déficit desde el año 2012, luego de que el Parlamento otorgara un aumento salarial del 30%, como parte de las campañas electorales de entonces.
Desde 2019, sin embargo, el déficit fiscal se sitúa por encima del tope de 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal, por los eventos registrados como la sequía, la pandemia por covid-19 y deudas impagas.
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En principio, el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez implementó un plan de convergencia fiscal que debía culminar con el retorno al tope de 1,5% del PIB en 2024, pero el gobierno de Santiago Peña, apenas asumió, decidió extender el plazo hasta el 2026 para acceder a un mayor endeudamiento.
Peña argumentó que heredó deudas por US$ 600 millones con contratistas de obras públicas y empresas farmacéuticas que debían ser pagadas con la emisión de bonos del Tesoro.
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El plan de convergencia contempló cerrar 2023, tras el pago de la mencionada deuda, con un déficit de 4,1%; en 2024 se redujo al 2,6%; en el presente ejercicio deberá reducirse al 1,9% y, finalmente, el próximo año volver al tope de 1,5% del PIB.
Los anteproyectos de presupuestos institucionales, por esta razón, deberán alinearse al tope de saldo rojo establecido en el plan de convergencia, una promesa efectuada a la ciudadanía y a los organismos financieros internacionales, así como a las calificadoras de riesgo.