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En ambos pedidos, registrados con los números 91571 y 91572, la exsenadora Kattya González plantea preguntas claves sobre el aparente blindaje legal que impide al Estado paraguayo auditar una de las entidades más poderosas y poco transparente del país. “¿Por qué no se audita a Itaipú?”, es la pregunta que sintetiza la preocupación de la exlegisladora.
En el caso de la DNCP, González exige conocer los fundamentos legales y administrativos que justifican la falta de auditorías a los procesos de contrataciones en Itaipú. Solicita además la remisión de cualquier resolución, memorándum o documento que haya servido como sustento para excluir a la binacional del control estatal.
En paralelo, pidió a la Contraloría General de la República que detalle las razones jurídicas por las que tampoco ejerce funciones de auditoría sobre Itaipú, y que aclare si considera los fondos del lado paraguayo como recursos públicos. En caso de que no lo haga, exige conocer el razonamiento detrás de esa postura.
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González remarca que el presupuesto que recibe la parte paraguaya de Itaipú proviene de la venta de energía y debe considerarse dinero público, lo cual implicaría su sujeción a controles como los que se aplican a cualquier otra institución del Estado.
Estas solicitudes se suman a una larga serie de acciones emprendidas por González en los últimos años en su cruzada por transparentar el manejo de recursos en la binacional. Anteriormente, ya había interpuesto un amparo constitucional para acceder a información sobre contratos con firmas de abogados externos.
La exsenadora considera alarmante que, pese a la magnitud de los recursos que administra Itaipú, tanto la DNCP como la CGR hayan mantenido una actitud pasiva. Para ella, se trata de un “vacío institucional deliberado” que favorece la discrecionalidad y el ocultamiento.
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El silencio del Estado paraguayo en torno al control sobre Itaipú ha sido recurrentemente criticado por organizaciones de la sociedad civil. Estas señalan que la falta de fiscalización abre la puerta a manejos irregulares, favoritismos en contrataciones y desvío de fondos.
Con esta nueva ofensiva legal, González busca dejar constancia de que hay mecanismos institucionales que podrían aplicarse, pero no se activan por conveniencia política o presión de sectores vinculados al poder económico.
La exsenadora espera que tanto la DNCP como la CGR respondan en los plazos legales. Su objetivo es que este caso siente un precedente sobre la obligación del Estado de ejercer control sobre todas las entidades que manejen recursos públicos, incluso aquellas de naturaleza binacional como Itaipú.