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El caso, que salió a la luz a fines de marzo, reveló que organismos de inteligencia brasileños realizaron actividades de espionaje contra autoridades paraguayas entre junio de 2022 y marzo de 2023, confirmadas por el gobierno del presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La situación generó fuertes reclamos desde Paraguay, que exigió explicaciones formales y garantías de no repetición.
Entre las medidas adoptadas por el gobierno de Santiago Peña igualmente figura la suspensión de “toda negociación relacionada con el Anexo C del Tratado de Itaipú, hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes al Gobierno del Paraguay”.
El canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano dijo entonces que “la inmiscusión en asuntos internos por parte de un país en otro es una violación del derecho internacional”. En ese contexto, el Gobierno paraguayo convocó a su embajador en Brasil, Juan Angel Delgadillo, para que “informe sobre los aspectos relacionados con la acción brasileña de inteligencia en asuntos del Gobierno del Paraguay”. Asimismo, el embajador brasileño en Paraguay, José Antonio Marcondes, fue igualmente citado para ofrecer explicaciones sobre estas acciones.
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Durante el encuentro de anoche, el canciller Mauro Vieira aseguró que el gobierno de Lula da Silva “se encuentra en proceso de una amplia investigación para esclarecer los graves hechos” y que Brasil “aguarda las resultas de dicho proceso por parte de las instituciones competentes”.
Vieira también enfatizó que “los vínculos históricos y la vigorosa relación entre los dos países”, en un intento por suavizar el impacto político del caso.
El canciller Ramírez Lezcano, por su parte, reiteró la solicitud de un informe oficial sobre los hechos. Según el comunicado, “una vez culminadas las averiguaciones pertinentes, el gobierno brasileño remitirá el informe solicitado por las autoridades paraguayas”, explicó.
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Ambos diplomáticos coincidieron en la necesidad de “reencausar (Sic) los vínculos bilaterales mediante principios y valores que rigen las relaciones entre Estados” y destacaron la importancia de retomar los temas de la agenda conjunta, entre ellos las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú, obras de infraestructura compartidas y la cooperación en seguridad.
Aunque el gesto diplomático es significativo, la verdadera prueba de en los hechos es así será que el gobierno brasileño entregue un informe completo y transparente sobre el caso, que permita el satisfactorio cierra, especialmente para la parte afectada de este capítulo de espionaje.