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La inversión inicial de R$ 240 millones (equivalentes a US$ 41,3 millones, considerando un tipo de cambio de 5,80 reales por dólar) será puesta a disposición por Itaipú, con posibilidades de complementar ese valor en el 2026, si es necesario, informó la binacional, lado brasileño.
Las tierras serán adquiridas en nombre de la Unión y asignadas a pueblos indígenas. El objetivo es paliar la falta de espacio y las condiciones precarias que enfrenta el pueblo Avá-Guaraní desde la formación del reservorio del complejo hidroeléctrica en 1982. Prevén más acciones.
La firma del acuerdo se realizó ayer en Itaipulândia, en la Escuela Estadual Indígena Arandu Renda, en la Aldea Atimirim, al iniciarse la Asamblea General de la Comisión Guaraní Yvyrupa. Participaron del evento líderes indígenas, ministros de Estado, del Supremo Tribunal Federal (STF), autoridades del Poder Judicial y de órganos del Gobierno Federal, así como representantes estaduales y municipales, parlamentarios y directores de Itaipú Binacional.
Para el ministro del STF, Dias Toffoli, la aprobación del acuerdo marca un cambio histórico en la forma como se analizan los conflictos de tierra en el país. “La única manera de resolver el conflicto es mediante la mediación, la conciliación. Con la compra de las tierras, Itaipú compensará a los pueblos indígenas mediante un acuerdo absolutamente pacífico”, dijo Toffoli.
Según él, el reconocimiento por parte del Estado brasileño de los errores del pasado solo es posible, porque estamos en democracia. Lo que estamos haciendo es cumplir con la Constitución, que solo existe en un país democrático. Los pueblos indígenas saben mejor que nadie lo devastadores que fueron los gobiernos dictatoriales en Brasil.
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Según el Procurador General de la Unión, Jorge Messias, la entrega de las tierras es el primer pago de una deuda histórica. “Hoy, el Estado brasileño, a través de la labor del Supremo Tribunal Federal, la Procuraduría General de la República y el Gobierno Federal, está brindando civilidad y dignidad a estas comunidades. Este es el primer paso de muchos otros que deben seguir adelante”, afirmó.
“Hicimos un gran esfuerzo para que este acuerdo se pudiera alcanzar. Es un paso importante y queremos adoptarlo como modelo para resolver otros conflictos territoriales en otras regiones”, declaró la Ministra de Pueblos Indígenas (MPI) del Brasil, Sonia Guajajara. “Reconocemos el trabajo de los directores de Itaipú que tuvieron la sensibilidad de articular, defender y ayudar en esta reconciliación”, añadió.
La ministra de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos (MGI), Esther Dweck, cree que el Gobierno Federal cumple su papel de velar por la población brasileña y resolver las injusticias. “Es la diferencia entre un Estado autoritario, que no tuvo ninguna preocupación en pisotear a las personas y los territorios, y un gobierno democrático que regresa precisamente a reparar ese error”, afirmó.
Los dirigentes indígenas que participaron en la ceremonia consideraron que el acuerdo es el inicio de una reparación, que deberá ser seguida por otras acciones, además de la compra de tierras. “Este debe ser solo el primer paso de un camino que nos lleve a una verdadera reparación histórica digna de ese nombre”, afirmó la lideresa Kunhangue y representante de la Tierra Indígena Tekoha Guasu Guavirá, Paulina Martines.
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Para la presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, el acuerdo marca una historia de lucha y resistencia de los pueblos indígenas y necesita ser celebrado. “Tenemos que reconocer cada logro, porque nada en este mundo fue gratis; fue un logro. Un logro del gobierno del presidente Lula, que nos dio la posibilidad de estar aquí”, dijo.
La elección de las áreas a ser adquiridas será hecha por la Funai, de acuerdo con los propios indígenas y sus representantes legales. El Incra será responsable de evaluar los inmuebles, junto con funcionarios de la Justicia Estatal y/o Federal. Itaipú solo será responsable del pago de las propiedades.
Itaipú: derechos sociales y culturales
Además de la adquisición de tierras, el acuerdo establece una serie de medidas para garantizar los derechos sociales y culturales del pueblo Avá-Guaraní, incluido el acceso a servicios esenciales, como vivienda, agua potable, electricidad, saneamiento básico, salud y educación. También prevé el desarrollo de proyectos de seguridad alimentaria y nutricional, además del fortalecimiento cultural de las comunidades.
Según el director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, la adquisición de las 3.000 hectáreas de tierras es solo parte del pago de una deuda histórica con los pueblos indígenas. “Tenemos otros compromisos, porque no basta con proporcionar tierras; es importante brindar asesoramiento y apoyo. La idea es que, tan pronto como estas comunidades tengan su espacio adecuado, Itaipú estará presente para brindarles las condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida”, afirmó el director.
Resaltaron que Itaipú ya presta ese servicio a través del Proyecto Opaná, firmado en marzo de 2024 y válido hasta 2026, que posibilita la seguridad alimentaria y promueve la educación antirracista en 32 comunidades indígenas de la región oeste y del litoral de Paraná.
Además, la empresa cuenta con el Programa de Sostenibilidad de Comunidades Indígenas, que brinda asistencia a tres aldeas formalmente constituidas: Tekoha Ocoy, en São Miguel do Iguaçu, y Tekoha Añetete y Tekoha Itamarã, en Diamante D’Oeste.
Durante la ceremonia para la firma del acuerdo, Enio Verri también anunció la suscripción del acuerdo de cesión de uso del área de 40 mil m², donde están ubicadas la base náutica y la escuela indígena, para que la municipalidad de Itaipulândia pueda realizar inversiones y mejorar el espacio. Actualmente, el área está bajo el nombre de Itaipú.
El acuerdo de conciliación también establece que la Unión, la Funai, el Incra y la Itaipú deben elaborar y publicar una disculpa pública a Avá-Guarani por los daños causados durante la construcción de la central, reconociendo las responsabilidades de la empresa. Esta declaración deberá publicarse en internet, en los sitios web de las instituciones y en periódicos locales y nacionales.
Historia del derecho
El Acuerdo de Emergencia nació en el ámbito de la Acción Civil Original (ACO), número 3555, que se encuentra en trámite en el Supremo Tribunal Federal (STF). Esta acción fue interpuesta por la Procuraduría General de la República en nombre de las comunidades Avá-Guaraní y busca reparaciones por las violaciones de los derechos humanos y constitucionales que sufrieron los indígenas con la formación del embalse de Itaipú en 1982. Durante décadas, los Avá-Guaraní lucharon en la justicia para recuperar sus tierras y obtener reconocimiento por los daños históricos.
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“Cuando asumimos la gestión de Itaipú, hace dos años, esta acción, propuesta previamente por el Ministerio Público Federal, ya existía. Celebramos una serie de reuniones para organizar toda la complejidad que implica la redacción de este acuerdo”, declaró el director jurídico de Itaipú, Luiz Fernando Delazari. “Y lo que hacemos es implementar esta política de reconocimiento a las comunidades indígenas, dignificando y buscando pacificar a estos pueblos junto con la convivencia que deben tener con nosotros”.
En los últimos dos años, bajo la orientación del STF, las partes involucradas pasaron por un proceso de mediación y conciliación coordinado por la Cámara de Conciliación de la Administración Pública y la Comisión del CNJ. Fueron más de 20 reuniones entre representantes del Gobierno Federal, de Itaipú, de Funai, de Incra, del Ministerio Público y dirigentes avá-guaraní hasta llegar a este entendimiento común. El resultado fue el llamado Acuerdo de Emergencia, que equilibra las necesidades urgentes de las comunidades indígenas con la viabilidad práctica de adquirir tierras en el corto plazo.
Con la aprobación judicial, el STF dará fuerza legal a este acuerdo, garantizando su implementación. Todas las partes se comprometen ante el máximo tribunal del país a cumplir lo acordado. “La aprobación también deberá suspender temporalmente cualquier acción de restitución de posesión o conflictos jurídicos relacionados con las áreas en cuestión, trayendo paz jurídica mientras se implementan las medidas del acuerdo”, concluye la publicación.