CAP lamenta consecuencias económicas como efecto de la ley anti-ONG

La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) expresó su preocupación sobre la decisión de Fitch Ratings de mantener a Paraguay por debajo del grado de inversión. Sobre todo porque, entre otros motivos, es una consecuencia de la ley anti-ONG, que podría debilitar las protecciones para la libertad de asociación y expresión.

La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) expresó su preocupación sobre los argumentos de Fitch Ratings, que mantiene a Paraguay por debajo del grado de inversión.
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) expresó su preocupación sobre los argumentos de Fitch Ratings, que mantiene a Paraguay por debajo del grado de inversión.

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La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), cuya presidenta es Patricia Toyotoshi, informó -vía comunicado- su preocupación referente al hecho de que calificadora Fitch Ratings mantiene a Paraguay por debajo del grado de inversión, y que entre los factores que influyeron en esa decisión se menciona la recientemente sancionada Ley de Control de las ONG, que puede debilitar las protecciones para la libertad de asociación y expresión. Alertó que esta situación podría derivar en más consecuencias económicas negativas.

“Si bien reconocemos la importancia y apoyamos firmemente los esfuerzos dirigidos a fortalecer la transparencia, existen políticas públicas ya establecidas que apuntan a dicho objetivo”, afirmó el gremio.

Seguidamente, mencionó que el proyecto en cuestión aumenta la supervisión sobre las organizaciones no gubernamentales, lo cual genera inquietudes, “ya que podría debilitar la vigencia efectiva de la libertad de asociación y de expresión”. Agregó que estas libertades son pilares esenciales para una sociedad democrática y para la construcción de un entorno favorable a la inversión y al desarrollo económico.

Advierten impacto negativo de las restricciones

La CAP advirtió que cualquier medida gubernamental que restrinja la actividad de las ONG podría afectar negativamente la imagen del país, “socavando la confianza de los inversores internacionales y poniendo en riesgo el grado de inversión del país”.

Asimismo, mencionó que eso, a su vez, tendría un alto impacto directo sobre la economía, dificultando la atracción de nuevas inversiones y comprometiendo los esfuerzos que tanto el sector público como el privado están realizando para impulsar el crecimiento económico.

Finalmente, el gremio instó al Poder Ejecutivo, cuya máxima autoridad es Santiago Peña, a “considerar cuidadosamente las implicancias del proyecto sancionado y a trabajar, junto con el sector privado, para asegurar un marco que contribuya al desarrollo económico y social sin poner en riesgo la democracia representativa, participativa y pluralista”, puntualizó.

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