23 de abril de 2026
Santiago Peña se había trazado como objetivo para 2026 la obtención del tercer grado de inversión, según lo declaró él mismo ante la prensa y la comunidad internacional en vísperas de la Navidad de 2025, en el marco de la III Reunión de Jefes de Misión de las Representaciones Diplomáticas y Consulares del Paraguay. En menos de tres meses se cayó la estantería. El fisco está en crisis, con una abrupta caída de los ingresos y “monos” por todos lados, la reforma de la Caja Fiscal se quedó en medias tintas, el ministro de Economía fue destituido y la consultora Fitch Ratings acaba de asestarle al Gobierno un duro golpe de realidad, no solamente al negarle el tan ansiado “triplete”, como lo había denominado el propio Peña, sino al poner seriamente en duda su capacidad de contener el gasto y cumplir las metas prometidas.

Paraguay puede mostrar credenciales macro y venderse como destino atractivo, pero a la hora de retener capital aparece una carencia que se repite en los pasillos empresariales: “reglas claras” y “previsibilidad”. En un clima donde la burocracia, los cambios de criterio y la incertidumbre operativa se sienten más que los discursos, la inversión que parecía lista para quedarse termina buscando una “silla firme” en otro lado.

El cierre de este año dejó un hito relevante para la economía paraguaya ya que el país alcanzó su segundo grado de inversión, luego de que Standard & Poor’s Global Ratings elevara la calificación soberana a BBB- con perspectiva estable. Para el abogado Ygnacio Sánchez, se trata de un punto de inflexión que posiciona al país en un nuevo plano frente a los mercados internacionales.

La infraestructura económica se consolida como un componente clave del proceso productivo y de la generación de riqueza al constituir un insumo de capital indispensable para el funcionamiento de las economías. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), su relevancia trasciende lo físico, ya que interviene en todas las etapas del desarrollo económico y condiciona la capacidad de crecimiento de los países. En Paraguay, las necesidades de infraestructura, al escenario 2030, se cuantifican en US$ 34.812 millones, monto equivalente al 86% del PIB.

Según el economista Jorge Mora, el país mantiene una macroeconomía ordenada y crecimiento sostenido, pero que ese avance no se convierte en desarrollo porque aún pesa la debilidad institucional, la desigualdad y el rezago educativo. La clave, sostiene, es que sin reglas sólidas, capital humano e innovación, el crecimiento no mejora de forma efectiva la calidad de vida.

Desde el 9 de enero, el mercado bursátil paraguayo contará con la infraestructura necesaria para conectarse con los custodios internacionales. La modernización busca que los fondos dejen de llegar “a cuentagotas” y que siente las bases para aprovechar la reciente segunda calificación de Grado de Inversión otorgada por S&P.