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Ante la falta de acciones concretas del Viceministerio de Transporte para hacer cumplir las leyes, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) confirmó ayer que los abogados del gremio están trabajando para presentar una denuncia ante la Fiscalía contra los transportistas que están amenazando con ir al paro por tres días, desde el 20 de mayo. Asimismo, presentarán un amparo constitucional que obligue a los colectiveros a prestar servicio, según confirmó la vocera del gremio, Griselda Yódice.
Asimismo, en una nota que remitió ayer Opama al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, resaltó que la Ley Nº 6789, promulgada en agosto del año 2021, “que cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público, infractoras de la ley”, en su artículo 5 estipula claramente que cualquier ciudadano puede denunciar la amenaza de paro a los órganos de persecución penal del Estado.
Justamente, dicho artículo establece: “en caso que los directivos, accionistas o representantes legales o gremiales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio será considerado como hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos y cualquier ciudadano podrá denunciar estos hechos por cualquier medio a los órganos de persecución penal del Estado”.
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El gremio también resaltó que la Ley Nº 1626 “de la Función Pública”, que estipula en su artículo 130 que el “transporte de pasajeros es un servicio público imprescindible”.
“En caso de que tales empresas del transporte realicen la ilegal y coercitiva medida de paro, estas deben ser sancionadas y sus responsables enjuiciados como estipulan las leyes arriba citadas, exigimos que el Estado cumpla con su rol y corte con los atropellos hacia la ciudadanía”, resalta el escrito.
“Tibia” postura del Viceministerio de Transporte
Pese a la amenaza de los transportistas, el viceministro Fernández sigue insistiendo en el diálogo con el sector y cuando se le consultó si aplicará sanciones a las empresas que vayan a paro indicó que “es la obligación del Viceministerio, del Gobierno, si se quebranta la norma, sancionar”.
El alto funcionario no fue claro si sancionará o no a las empresas que se sumen al paro, pero dijo que los colectiveros se exponen a multas pecuniarias en las que se tienen en cuenta también la reincidencia, multas más graves y hasta se puede llegar a la cancelación de los permisos. Empero acotó que “la instrumentación de estas sanciones tendrá su espacio jurídico, pero ese es el norte de este gobierno”, añadió.
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Asimismo, el viceministro confirmó que desde el sector de los empresarios del transporte piden un aumento en el coeficiente del combustible en el cálculo del costo del pasaje, lo que implicaría un aumento importante del dinero que percibirían en concepto de subsidio.
“Desde el sector público ante esta propuesta dijimos: ‘señores este planteamiento del aumento del coeficiente queremos estudiarlo con más precisión’. Tenemos que tener estudios suficientes y acabados de cómo opera nuestro sistema para tener un coeficiente preciso y eso es lo que pusimos en la mesa. Nuestra función no es aceptar todo lo que nos viene, sin estudiar, sin responsabilidad”, señaló el alto funcionario a ABC Cardinal. Fernández acotó que si bien tienen la esperanza de que no sea necesario y que prime el diálogo, también tienen un “plan b” en caso de que sea preciso movilizar a la ciudadanía, ya sea con vehículos de militares o empresas privadas.
“No somos un equipo de mafiosos”
El empresario Alejandro Zuccolillo, de la Federación de Transporte del Área Metropolitana (Fetram), señaló ayer que dicho gremio no opera como una mafia, perjudicando a los clientes, en este caso los pasajeros, con una medida de paro. “Nosotros somos un grupo empresarial, no un equipo de mafiosos”, expresó en contacto con radio Monumental.
Más tarde, informó a este diario que los integrantes de Fetram, que no se suman al paro, tienen otra visión empresarial y que como grupo se están enfocando en brindar un mejor servicio agotando todas las instancias que tienen a mano. “Nunca vamos a ir por el camino de un paro en detrimento de nuestros clientes, solo para buscar un rédito económico”, expresó.
Respecto a la situación del sector manifestó que ya han quebrado más de 30 empresas, y que otras 20 más estarían en quiebra técnica. “Es una situación muy compleja, la necesidad de inversión que hay dentro del sistema hoy en día está cercano a los US$ 100 millones, solo en una primera etapa y para la renovación de buses chatarras que siguen operando. Eso sin siquiera aumentar la flota, entonces hay una necesidad de hacer una renovación integral del sistema”, dijo.
“Disputas entre socios”, según Fetrat
La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) emitió ayer un comunicado expresando su posición contraria al paro de buses anunciado por el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam). El gremio acusó al Viceministerio de Transporte de ser socio de los colectiveros y pidieron la intervención de oficio de la fiscalía y la Contraloría para investigar y, eventualmente, imputar por el incumplimiento de las obligaciones hacia los trabajadores y la ciudadanía.
“Ni la Fetrat ni las organizaciones de base que la componen, y mucho menos los usuarios respaldarán esta medida”, afirma el comunicado. Además, señala que la ciudadanía no debería verse afectada por las disputas entre socios, viceministros y empresarios del transporte sobre el subsidio al transporte público. “Los viceministros pagan en forma puntual a los empresarios; sin embargo, el servicio no funciona como debería”, denuncian.
Según la Fetrat, este paro empresarial brinda al Gobierno la oportunidad de demostrar seriedad y convocar a una licitación nacional e internacional debido al incumplimiento contractual, tal como lo reclaman los usuarios. “Cada día es peor la calidad de las unidades, el confort, la frecuencia y la jornada de 8 horas de los choferes”, informa el comunicado.
La federación sugiere que la apertura a empresarios extranjeros podría mejorar el servicio de transporte público, tanto para los ciudadanos como para los trabajadores. Según la Fetrat, los conductores de buses también son víctimas de este sistema deficiente.