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El extitular de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, indicó que cualquiera que sea realmente la posición paraguaya, lo cierto es que en ningún momento prometieron al pueblo paraguayo menos discrecionalidad, más transparencia ni más control en caso de que la tarifa estuviera por encima de la mínima tarifa requerida para el manejo eficiente de la represa, que él calcula que es entre 7 y 8,4 US$/kWmes.
“Vale decir que si el gobierno ‘consigue’ más que el mínimo requerido, esa diferencia podrá usarla en forma discrecional y sin dar cuenta a la ciudadanía ni a los organismos de control del Estado Paraguayo”, criticó.
El Ing. Ferreira recordó que ese uso discrecional en el pasado ya generó muchos ricos y privilegiados. “En general estos ricos no necesitaron ser competitivos, sino saber ser parte de la torta a repartir. Los privilegiados, en general, no fueron los de mejor calificación o competencia, sino los más allegados al poder. Es más, cuando entraron por concurso este gobierno les echó primero y luego tuvo que retroceder”, manifestó.
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Para el extitular de la ANDE, esta discrecionalidad debilita la posición paraguaya porque “desde el otro lado se puede interpretar que el gobierno paraguayo quiere una mayor tarifa para sí mismo y no para el pueblo paraguayo, y la quiere a costa de nuestro pueblo y del brasileño”.
Extremos buenos
En cuando al monto de la tarifa por la potencia de Itaipú, el Ing. Ferreira sostuvo que los dos extremos pueden ser buenos. Es decir, que una tarifa no inferior a US$ 22,60 kWmes nos puede dar disponibilidad de al menos el 50% de los US$ 2.090 millones al año que se dejó de pagar en deudas, siempre que se usé bien y sea controlado.
En el otro extremo, afirmó que una tarifa cercana a US$ 7 kWmes implica que la ANDE puede comprar el total del 50% de la energía de Itaipú que le corresponde con la misma plata que en promedio compró solo 18% en los últimos tres años. “Si contratamos el 18% de los 12.135.000 kW que comercializa Itaipú durante los 12 meses y pagamos US$ 20 kWmes, esto da US$ 524 millones al año. Y si contratamos el 50% pero a solo US$ 7 kWmes, nos da US$ 510 millones al año, prácticamente igual”, calculó.
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Por eso, asegura que la posición brasileña es que la tarifa sea una intermedia, lo cual impide a la ANDE contratar el 50% paraguayo, y a la vez sea lo más barata posible para beneficio del mercado mayorista brasileño y los industriales de San Pablo.
La ventaja del precio bajo
La ventaja de proponer una tarifa cercana a US$ 7 kWmes es que libera al Gobierno de Lula da Silva de tener que explicar una suba, permite el ejercicio pleno de nuestra soberanía energética y traslada la negociación de un ámbito sin control (Itaipú) a una institución bajo control (ANDE), detalla.
Además, alega que deja en evidencia que la pretensión de pagar poco por la energía renovable paraguaya de Itaipú es un acto de mezquindad por parte de los comercializadores eléctricos de Brasil y de los grandes empresarios de San Pablo.
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“Generada la escasez tendrán que optar por pagar 50, 90 dólares (como pagaron a Argentina este enero) o más aún, por una energía que no es tan confiable y renovable como es la energía paraguaya, por la que no quieren pagar 40 dólares, ni mucho menos. Y Paraguay tendrá el desafío de colocar rápido esa energía que no se almacena”, apuntó.