La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuyo titular es Óscar Orué, reportó que reclama más de G. 600 millones en impuestos tras una fiscalización del Impuesto a la Renta declarada por empresarios del transporte público del Área Metropolitana de Asunción, pesquisa iniciada en el 2023.

La intervención se había hecho por orden del entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tras el escándalo de subsidios por pasajeros fantasma.

A mediados de marzo del año pasado, un usuario del transporte público identificado como Sebastián Cáceres publicó en sus redes sociales un vídeo en el cual se aprecia a un chofer realizando varios pagos de pasajes (validaciones) con diferentes tarjetas del billetaje. El pasajero denunció que el gobierno subsidiaba por pasajeros fantasma.

Lea más: ¿Cómo tributan las empresas de transporte en Paraguay?

El escándalo fue tal que Abdo echó al entonces viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, y obligó a una intervención de la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para verificar pagos de impuestos y el por qué no se detectó el aumento de validaciones con el centro de monitoreo del billetaje, respectivamente.

Lea más: Transporte público: DNCP inició ahora un sumario a proveedora del centro del billetaje

Referente a los tributos, en ese entonces el titular de la SET, ahora de la DNIT, el mismo Orué, había comentado que de las 35 concesionarias del Viceministerio de Transporte (VMT), 20 presentaban inconsistencias en sus declaraciones impositivas.

Más de G. 470.499 millones al sector transporte

La verificación se realizó sobre la documentación de los años 2020, 2021 y 2022 para el Impuesto a la Renta. Sólo en ese lapso, el Estado subsidió más de G. 470.499 millones al sector transporte.

Sobre el resultado de las fiscalizaciones, el gerente de Impuestos Internos, Ever Otazú, indicó que una de las empresas tiene el Registro Único del Contribuyente (RUC) bloqueado por no proporcionar documentos requeridos y cinco ya tienen expedientes finiquitados, pues reconocieron las anomalías y pagaron lo que correspondía en base a un monto imponible de G. 5.999 millones, que serían más de G. 600 millones.

Otras cinco empresas fueron sometidas a fiscalizaciones puntuales y se reclama impuestos por una base imponible de G. 4. 501 millones. En este grupo hay montos que los afectados no aceptan, por lo que sigue en revisión, y el valor de los tributos podría aumentar.

Choferes sin respuesta

Mientras transportistas cobran subsidios y varias empresas falsean sus datos para evadir impuestos, según confirmó la propia DNIT, los choferes del transporte nucleados en la Federación de Transportistas (Fetrat) aguardan una respuesta del Gobierno sobre su denuncia. Aseguran que no cobran salario mensual ni cuentan con seguro social.

Lea más: Transporte público: choferes piden que se anulen nuevas reglas que solo les perjudica a ellos

Tampoco reciben respuestas sobre su pedido de que se anule la resolución por la cual se endurecen sanciones contra los choferes.