Tras la respuesta formulada por el procurador general de la República, Marco González, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la demanda entablada por integrantes de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) por acceso a la información de Itaipú, queda claro que el Estado paraguayo afirma que no garantiza los derechos humanos (DDHH) de los paraguayos y paraguayas en los tratados que firma con otros países o, en su defecto, que el propio Tratado de Itaipú es inconstitucional, por lo cual debería asumir los cambios legales pertinentes. Así lo aseguró en un comunicado la SCP, cuyo secretario general actualmente es Rubén Penayo.

La SCP recuerda que el pasado miércoles, 20 de diciembre, recibió la respuesta que había sido emitida por la Procuraduría General de la República ante el referido órgano internacional. “Dicha Comisión debe generar su dictamen en cuanto a la admisibilidad de la demanda de Beatriz Pompa y Rubén Penayo. Nuestra organización espera y reclama que, para que el derecho internacional efectivamente nos ampare, debe pasar la etapa de admisibilidad e informe de fondo y, eventualmente, (si se declara que el Estado es responsable y no cumple con las recomendaciones), elevar el caso ante la Corte IDH”, sostiene la PGR.

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Al inicio de su escrito, la Procuraduría afirma que “los estados son los que tienen legitimación para ser demandados. Los hechos atribuidos, en puridad, provienen de un ente distinto al Estado, es decir, Itaipú Binacional, que no forma parte del Estado paraguayo”, por lo cual la SCP colige que el Estado paraguayo “no ha tomado los recaudos correspondientes para que, en dicho Tratado, se garanticen los DDHH de los paraguayos”.

Manifiesta, respecto a esta posición, que al haber firmado el Paraguay el Pacto de San José de Costa Rica – o cualquier otro tratado similar - se había comprometido a someterse a los derechos y garantías allí consagrados y también que se somete a los compromisos, además de la obligación de respetar y garantizar los DDHH, de asumir medidas de carácter interno para hacer concretar estos derechos y la cooperación internacional, para que los DDHH sean posibles en un contexto también internacional.

Para el Estado no se violan DDHH

El Estado respondió a la solicitud de información de la CIDH sobre la denuncia realizada por la falta de acceso a la información de la Itaipú, realizada por Beatriz Pompa y Rubén Penayo, miembros de la SCP, en 2021. Y sostiene que los hechos denunciados por los comunicadores no caracterizan violaciones de derechos y que, por tanto, corresponde que la CIDH declare la inadmisibilidad de la petición.