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El 8 de abril del 2021, el presidente Mario Abdo Benítez designó como viceministro de Transporte a Víctor Omar Sánchez Chamorro en reemplazo de Pedro Britos. Sánchez fue desvinculado hace poco más de un mes de ese cargo tras reconocer que subsidia por “pasajeros fantasma en cantidades industriales”
Antes de ocupar el puesto de confianza del Ejecutivo, Sánchez se desempeñaba como técnico en el sector privado, y ahora la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) descubrió que le empleaba una empresa proveedora en un contrato clave para el Viceministerio de Transporte (VMT) y que se encontraba en plena ejecución.
Se trata del consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos, adjudicado en 2019 para la instalación y funcionamiento del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico -el “cerebro” del transporte público-, contrato valuado en US$ 3,9 millones.
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El hallazgo se detectó ahora que se cumplieron dos años de que haya fenecido ese acuerdo y tras una revisión de la DNCP sobre el nivel de cumplimiento. La pesquisa se realizó ante la sospecha de un intento de compra de bienes que ya debería disponer el VMT con el citado contrato, ya que el exviceministro hizo otra convocatoria por casi US$ 1 millón para “obras complementarias”, a fin de 2022.
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En el informe final difundido ayer, la DNCP consigna que Sánchez asumió el cargo de viceministro mientras prestaba servicio como profesional del consorcio y que no detectó ninguna evidencia documental de su desvinculación del mismo, ni la designación de su reemplazo o nuevo profesional en la empresa proveedora.
De hecho, Transporte debió facilitar los documentos en los cuales se consigna a Sánchez junto con otras dos personas -Diego Correa y Diego Alberto Barrera- como los profesionales exigidos para la ejecución del proyecto. Correa y Barrera no cumplen con el perfil mínimo para el cumplimiento del servicio de especialistas, puntualizó además la DNCP.
Estas observaciones se encuentran en medio de una seguidilla de incumplimientos por parte de ETC, desde inconsistencias entre los bienes existentes y lo asentado en actas de recepción, valuado en G. 32 millones. Además, hay una diferencia entre la ejecución de las obras y lo constatado in situ, por G. 463 millones.
También se constató la falta de control y publicación de la ejecución en el portal de la DNCP.
Incluso, Transporte pagó más de lo oficializado, pues en el llamado figura que desembolsó G. 10.311 millones, pero en la revisión se detectó un total G. 18.615 millones.
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El contrato fue iniciado por Britos -quien firmó adendas posteriormente anuladas por DNCP-. Luego, Sánchez era el responsable del control y exigencias del cumplimiento.
Comunicarán a Contraloría y Fiscalía
Pablo Seitz, titular de la DNCP, reportó que comunicará a Contraloría lo detectado en la revisión del nivel de cumplimiento del contrato del Centro de Monitoreo del billetaje, asimismo a la Fiscalía, si es que no existe ya una investigación al respecto. Además, indicó que abrirá un sumario al consorcio y las firmas que las componen, las cuales se exponen a una inhabilitación de ser proveedoras del Estado por tres años.
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Todo esto ocurrió en la gestión de Sánchez, quien fue desvinculado hace poco más de un mes tras reconocer que se subsidia por “pasajeros fantasma”. Actualmente el responsable del cargo es Óscar Stark, quien afirmó que seguirá lo que disponga la DNCP.