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La Comisión Nacional de Competencia (Conacom), presidida por Rolando Díaz, recomienda a la Cámara de Diputados que asuma posturas que apunten a modificar el proyecto de ley “Que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustibles”, que tiene media sanción del Senado.
La Conacom señala que la propuesta estipula que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) determinará las estructuras de costos y precios de facturación para cada tipo de combustibles y que será a partir de informes elaborados para efecto de los cálculos, cuyos datos serán proveídos por las empresas, y que los mismos serán publicados.
“Estas barreras son consideradas injustificadas por no acreditarse que puedan cumplir efectivamente con el objetivo de responder a la suba de precios de combustibles (infringiendo el principio de necesidad), esto por no observarse la información pública disponible, y estudios técnicos que avalen los beneficios y costos de la medida, como también una eventual sanción por conductas anticompetitivas que puedan incidir en la situación (en contradicción al principio de proporcionalidad) y por contribuir a un ambiente que favorecería a ciertos competidores (poniendo en riesgo el principio de neutralidad)”, se lee en el informe.
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La Conacom recomienda a los legisladores cambios que corrijan estas observaciones, o en su defecto, el rechazo total de mismo.
¿Cuál es el objetivo de la propuesta?
Los distribuidores privados de combustible, al igual que Petropar, estarán obligados a publicar su estructura de costos, que está conformada por el costo internacional de adquisición del combustible derivado del petróleo (el tipo de cambio), el premio o plus, los gastos de internalización que comprenden los costos del flete fluvial, seguro, servicio de valoración aduanera, honorarios del despachante, control e inspección y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
Además se tendrán en cuenta los biocombustibles, inventarios, gastos operativos, y demás que sean establecidos por la autoridad de aplicación.
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Al respecto, el senador Jorge Querey, proyectista, destacó que se apunta a impedir especulaciones con los precios. “La transparencia de estos precios va a obligar a los emblemas privados a tener que, obligatoriamente, responder a eso y sabremos quiénes son los que especulan”, explicó.