La viralización en los últimos días en las redes sociales de una denuncia sobre fotografías de excombatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935) encontradas supuestamente tiradas en el distrito de Limpio generó la indignación de la ciudadanía por el trato hacia la memoria de los héroes. Varios incluso emitieron todo tipo de calificativos sobre la acción atribuida a la Municipalidad, administrada actualmente por Carlos Palacios (colorado cartista).
Desde el 2011 TSV SRL es la única proveedora de tecnología al sistema 911 de la Policía, que ahora alega “dependencia tecnológica”. Se desconoce si funcionan las cámaras de reconocimiento facial y de chapas que proveyó en 2018.
Poco resultado logró la Policía con las cámaras de reconocimiento facial, financiadas con G. 38.000 millones de Conatel. No sabemos si operan, porque por “cuestiones de seguridad” nos negaron acceso a la sala de monitoreo.
El Astillero Villa Hayes está provocando una grave contaminación de las aguas del río Paraguay. El negocio pertenece al diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez y su pareja, la novel concejala Nidia Cabrera Zaracho.
La Opaci adjudicó el año pasado, sin licitación, el manejo de la base de datos de licencias a la firma Tecsisfocus. Al igual que el caso de las multas de tránsito, se amparó en un dudoso convenio de delegación de tareas con la ANTSV.
Protoniquel SA, representada por el argentino Mariano Bisarello, hizo constar una dirección inexistente en el contrato, que miembros de la junta directiva de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) recomendaron aprobar, para la administración de multas de tránsito, que solo la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), según la Ley 5016/14, puede hacer.
La Opaci proyecta concesionar el control de infracciones de tránsito violando la Ley 5016/14, de “Tránsito y Seguridad Vial”. El consejo asesor de legislación de la institución ya dio su parecer para firmar el contrato con Protoniquel SA, amparado en un convenio marco por el que la Agencia Nacional, cuando dirigía el funcionario de Opaci Justo Domínguez, le delegó sus funciones.
Pasaron tres años y la Contraloría no termina la auditoría iniciada al ejercicio administrativo 2015 de la Opaci, que en ese entonces estaba manejada por el “clan Núñez” de Villa Hayes. “El borrador tiene serios cuestionamientos y está analizando la directora general de Control Gubernamental”, justificó el contralor Camilo Benítez.
Un informe preliminar de la Contraloría General de la República (CGR) confirma que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) hace un verdadero festín con los recursos de los contribuyentes municipales. El resultado revela que no existen documentos respaldatorios por más de G. 17.233 millones, además de otras millonarias diferencias.